Fantasma del desalojo ronda barrio de Quellón
La prórroga de un plazo podría evitar que las familias ribereñas sean sacadas del lugar en enero.
25 familias fueron notificadas de un eventual desalojo por la Armada de Chile debido a una ocupación ilegal que mantienen en el sector ribereño de Estero Quellón de esta comuna de la provincia de Chiloé.
La medida dispuesta por la autoridad marítima podría redundar en el uso de la fuerza pública en caso que los habitantes que se ubican en un área de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional no la abandonen por voluntad propia.
Este complejo escenario obligó al alcalde Cristian Ojeda (DC), al capitán de puerto Mario Besoain y a los vecinos involucrados a reunirse a través de una asamblea realizada la tarde del martes para abordar los posibles caminos de solución y evitar una erradicación por la vía de la fuerza.
El teniente Besoain insistió que "lo que se persigue es que estas personas salgan de una zona que es de riesgo porque está afecta a inundaciones y en invierno también las condiciones de vida no son las óptimas".
Dijo el uniformado que las notificaciones fueron extendidas el 15 de octubre, teniendo los hogares asentados en el borde costero un plazo de 90 días para abandonar la zona.
En tanto, el administrador municipal Óscar Oyarzún precisó que el primer compromiso asumido por la autoridad política es determinar el número exacto de personas viviendo en esta zona de Estero Quellón.
La idea es, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, "contabilizar cuántas familias viven en el sector donde se va a poner de acuerdo este listado, en conjunto con los dirigentes, de manera que haya una sola voz".
Asimismo, se tramitará la obtención de subsidios habitacionales por intermedio del Serviu, Servicio de Vivienda y Urbanismo, para así concretar la erradicación.
El municipio quellonino ya inició las diligencias ante la Gobernación Provincial para solicitar que se prorrogue el plazo fijado por la Armada de Chile para desalojar a las familias. Similar petición se realizará ante el Ministerio de Defensa con la idea de asegurar por lo menos un período adicional de un año para planificar la erradicación de estos grupos familiares.
Diligencias