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Pese a evitar una pena efectiva de cárcel, un joven se mantendrá bajo el control de la autoridad por 13 años por su responsabilidad en el ultraje contra una mujer con deficiencia mental.
El sujeto de iniciales E.J.G.R. (33) arriesgaba 8 años de presidio por una acusación por violación de una vecina de 40 años en el sector Ten Ten de la capital chilota. Sin embargo, no se acreditó este delito, siendo recalificado a abuso sexual, por el cual fue sentenciado a 3 años y un día de libertad vigilada intensiva.
El fiscal de la causa, Javier Calisto, se mostró satisfecho con el fallo tras el juicio realizado en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, aunque no se acreditaron los cargos por los que acusó y su pretensión inicial de pena se vio reducida a menos de la mitad y con beneficios.
"(La resolución) Está dentro de lo esperado", indicó el persecutor, explicando que el imputado se vio favorecido por un informe presentencial que se entregó después del veredicto, el cual fue elaborado por Gendarmería y que reconoce la condición de cumplimiento en el medio libre.
A pesar de estos antecedentes, el abogado recalcó que el joven "estará sujeto a un plan estricto que no solo es una firma, sino que debe realizar diversas actividades y estará bajo la vigilancia real del CRS (Centro de Reinserción Social)".
Junto a la pena principal, se decretó la sujeción a la vigilancia de la autoridad por los 10 años siguientes al cumplimiento de esa sanción. Además, el isleño no podrá acercarse a la víctima por el tiempo de la condena.
DEFENSA
Más allá de acogerse la solicitud punitiva del defensor Filippo Corvalán en la lectura de sentencia, el profesional no se mostró conforme con el fondo del fallo, en especial, considerando que postuló que no existía evidencia para acreditar el delito y menos la participación de su representado en los hechos, ocurridos en agosto del 2012.
"Se absolvió por la violación, pero los sentenciadores determinaron que existió un abuso sexual, lo cual tampoco compartimos... no existe conformidad con este resultado", manifestó el jurista, sumando que está analizando tomar una nueva ofensiva procesal.
"Estamos estudiando el fallo con la intención de recurrir de nulidad a la Corte de Apelaciones (de Puerto Montt), puesto que estimamos que hay una serie de infracciones que se deben considerar", aclaró el defensor que tiene plazo hasta la próxima semana para entablar el requerimiento de alzada. J