¿Inversión o gasto público en infancia?
Señor Director:
Se discute si el gasto del Estado en políticas de infancia es gasto o inversión pública. Argumentos a favor de una u otra denominación existen en abundancia: para unos se trata de un pasivo, un gasto similar al de la seguridad social, que financian los ciudadanos con sus impuestos.
Para otros, es una inversión en recursos humanos para favorecer el desarrollo económico, financiada igualmente con impuestos. Como se trata de recursos que provienen de los ciudadanos, son estos los llamados a pronunciarse y no solo para determinar si se trata de inversión o de gasto público, sino también cuál es el volumen y el tipo de recursos que como sociedad queremos que estén disponibles para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños (as).
No deja de ser importante la discusión sobre el rol que el propio Estado se asigna. Si es un rol subsidiario -como sucede en el caso de Chile y como se menciona en el proyecto de ley de garantías-, o un rol orientado a fomentar el desarrollo económico y promover el desarrollo social. Esta diferencia importa a la hora de evaluar cuál de las opciones representa mejor el rol garante que el Estado debe desempeñar en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Creemos necesario enfatizar que el Estado ha de relevar el apoyo a las familias para que desarrollen adecuadamente sus labores de cuidado, así como para asegurar el goce efectivo del derecho del niño o niña a vivir en su familia y a ser cuidado por esta. Cara y contracara de una tarea social que puede constituir una buena base para afianzar la realización de los demás derechos.
Por otra parte, la sociedad civil ha de velar porque el Estado asigne la mayor cantidad de recursos públicos en la promoción y aseguramiento de los derechos y resguardar porque el gasto (o la inversión) se traduzca en un uso eficaz, es decir, que produzca resultados y que este gasto sea siempre incremental y al máximo de las posibilidades disponibles.
La verdad es que el proyecto de ley de garantías que hoy está siendo revisado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados ni siquiera alcanza a abordar la discusión sobre los niveles del gasto o de la inversión social, cuando menciona al menos dieciocho veces que el ejercicio de casi todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país está sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
Frente a ello, ¿qué planteamos hacer como sociedad civil? Desde Aldeas Infantiles SOS estamos convencidos que este proyecto de ley que hoy discutimos debe ser una oportunidad para instalar la temática de la niñez en una agenda pública de inversión social con compromiso de garantía de derechos, y no conformarse con menos.