Lo que está ocurriendo en los archipiélagos y fiordos del sur de Chile es la crónica de una muerte anunciada. Por décadas, comunidades de pescadores y mariscadores, organizaciones sociales, organismos públicos y académicos han señalado la explotación insustentable de la biodiversidad marina y terrestre en la región. Pese a ello, las advertencias fueron ignoradas por autoridades, transnacionales y empresarios nacionales.

Hoy, los ecosistemas marinos de Chiloé se enfrentan a un fenómeno denominado eutroficación, el cual se origina por el uso excesivo de fertilizantes industriales que se acumulan en el mar. El aumento de nitrógeno y fósforo en las capas superiores del agua incrementa las poblaciones de microalgas, entre ellas la marea roja que produce toxinas. Luego, al seguir incorporando fertilizantes, el oxígeno de las aguas más profundas disminuye en tal magnitud que pueden originarse áreas donde la vida ya no es posible o el ecosistema se vuelve improductivo.

Si además agregamos al océano, los antibióticos y químicos que han sido incorporados por años a las jaulas de voraces salmones y las 5 mil toneladas de peces descompuestos e intoxicados que se desecharon en el mar el último mes, nos encontramos con las condiciones que formaron la tormenta perfecta en Chiloé.

¿Quién responde y se responsabiliza de esta bancarrota ecosistémica? La población de Chiloé está exigiendo con justa razón que el Gobierno y el país cumplan con el compromiso de promover la sustentabilidad ambiental. Las empresas contaminantes y las autoridades que diseñan y otorgan los permisos de la concesión para la acuicultura tienen la obligación de responder y asumir su negligencia.