Concejales exigirán informe del dictamen de Contraloría
Ediles René Vidal y Juan Eduardo Vera afirman que resolución del órgano fiscalizador contra el consistorio castreño no ha sido compartida en el concejo municipal, a pesar que data del 1 de julio del año en curso.
Los concejales castreños Juan Eduardo Vera (UDI) y René Vidal (PC) solicitarán vía oficio a la Contraloría General de la República como a la Municipalidad de Castro una copia de la resolución exenta N°5.488 de 2015 que explicaría en detalles el dictamen del organismo fiscalizador que instruye al consistorio a destituir de su cargo a la jefa del Departamento de Obras Municipales (DOM), María Luisa Cifuentes, y suspender de sus funciones por dos meses con la mitad de su sueldo al asesor jurídico Juan Pablo Sottolichio.
Lo anterior obedecería -según lo señalado por ambos ediles- a que los dictámenes no fueron informados por el alcalde Nelson Águila (DC) en ninguna sesión del Concejo Municipal de Castro y que además el citado documento no está disponible en el buscador público del ente contralor al tener el carácter de "resolución reservada".
"Lo que nosotros buscamos vía oficio es contar con los informes que llevaron a la Contraloría a tomar esta resolución, conocer las faltas a la probidad que cometió la funcionaria municipal. Además, quedó de manifiesto que se nos escondió esta información, lo cual es un hecho muy grave, por lo mismo es que exigimos al alcalde que nos dé las explicaciones del caso", indicó el concejal Vera.
El político resaltó que "esperamos que el alcalde acate el dictamen y que destituya de su cargo a la directora de Obras y que ella también asuma su responsabilidad en los hechos que se le acusan en los tribunales de justicia".
El gremialista también consignó que será de suma relevancia conocer la fecha en que el jefe comunal hizo toma de razón del documento fechado el 1 de julio del año en curso, para aclarar si las acciones y/o apelaciones que decida realizar están o no dentro de los plazos que permite la ley.
Lo anterior fue compartido por el concejal comunista René Vidal, quien subrayó que "nos preocupa que este documento (dictamen) no haya sido expuesto en todo este tiempo al concejo municipal".
"Esto es una falta, aquí hay una omisión, en nuestro rol como concejales el municipio debió informamos de la resolución de Contraloría y por lo mismo que no nos queda otra que pedir por oficio los detalles del dictamen. Lo que más me parece delicado es que el alcalde declare en los medios de comunicación que desconoce estos antecedentes, siendo que el dictamen está fechado el 1 de julio", puntualizó.
La fuente subrayó que exigirán la aplicación de medidas administrativas hacia ambos funcionarios.
"Si es que el municipio no ha tomado alguna acción que le corresponda administrativamente al alcalde en el plazo de 30 días que tomaron razón del dictamen, sin duda que tendremos que pedir a Contraloría un pronunciamiento respecto a la falta de no hacer los trámites que se exigen", acotó Vidal.
MUNICIPalidad
Desde el municipio castreño y a través de una declaración pública, se aludió como causal del dictamen del organismo fiscalizador a un sumario por los permisos de construcción del mall Paseo Chiloé.
"Después de una tramitación de más de tres años, el 29 de diciembre de 2015, la fiscal de la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de la Contraloría General de la República remite al alcalde de la comuna de Castro copia del sumario administrativo, y le propone aplicar a doña María Luisa Cifuentes Miranda la medida disciplinaria de destitución, y a don Juan Pablo Sottolichio Silva, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por dos meses, con goce de un 50% de su remuneración mensual", dice el escrito.
Prosigue el texto que "dicha propuesta, según lo dispone la normativa vigente debe ser ponderada, calificada y evaluada por el alcalde de la comuna, toda vez que en él recae la potestad sancionatoria a los funcionarios municipales".
Finalmente el documento señala que "que según lo ha resuelto, por la propia Contraloría General de la República, mientras no se tome razón del decreto alcaldicio afecto N°143 de fecha 3 de febrero de 2016, las sanciones en él contenidas no pueden ser aplicadas", sumando que "a la fecha el municipio de Castro está elaborando una solicitud de reconsideración del dictamen N°48463, que resolvió representar el decreto alcaldicio afecto N° 143 de fecha 3 de febrero de 2016".
Alcances
El abogado Julio Álvarez explicó los alcances del dictamen del ente contralor sobre el consistorio castreño, añadiendo que la Contraloría tiene la facultad desde el punto de vista jurídico de instruir sumarios, dependiendo de la gravedad de los hechos investigados y tomar sanciones en ese mismo sentido.
"Como la aplicación formal de la sanción no la puede hacer la Contraloría, es que ordena, mandata, sugiere al órgano municipal que lo haga. El estatuto administrativo y la Ley Orgánica de Municipalidades señala que quien debe tomar la determinación final es el alcalde", explicó el exconcejal.
En cuanto a las acciones que podrían proceder ante este escenario el jefe comunal Nelson Águila (DC), el jurista aclaró que "normalmente los antecedentes pasan a la justicia ordinaria; es decir, se puede recurrir contra una actuación de la Contraloría a un tribunal de justicia vía recurso de protección y será la justicia la que tendrá que calificar definitivamente esta situación. El único camino que le queda al alcalde es sacar este tema de la parte administrativa y judicializarlo".
Respecto al punto de vista de la capacidad fiscalizadora del concejo municipal y el que sus miembros no fueron informados del dictamen del organismo nacional, Álvarez aseveró que "aquí habría un incumplimiento de las labores alcaldicias".
"Una situación como esa naturaleza que es tan importante, que afecta a un órgano importante del municipio (DOM) debió ser puesto en conocimiento del concejo municipal; ahora, si eso no se comunicó en su momento hay un incumplimiento de la labor alcaldicia. Lo que deben hacer ellos (concejales) es poner en antecedentes de aquello a la Contraloría e inclusive podrían acusar al alcalde de abandono de deberes si consideran que la falta es grave por ocultar información", subrayó el socialista.
El profesional además confirmó que el municipio, representado por Águila Serpa, tiene un plazo de 30 días a contar de la fecha de toma de razón del dictamen para realizar las acciones que estime conveniente, como es interponer un recurso de protección en los tribunales de justicia o simplemente acatar el dictamen N°48463.
"Quedó de manifiesto que se nos escondió información, lo cual es muy grave".
Juan Eduardo Vera,, concejal de la UDI."
30 días de plazo desde la notificación tendría el municipio para responder al dictamen.