Libertad a agresores sexuales, entre el derecho y el riesgo social
Alerta generó la liberación de 18 condenados por violaciones y abusos infantiles en Castro, favorecidos por una medida añosa, con falta de rigor, pero que es legal, más allá que sea un factor de peligro para los niños víctimas. Gendarmería reconoce que no existe tratamiento interno para los sentenciados por estos delitos, aunque el 2017 comenzaría a aplicarse un modelo de intervención.
En una realidad impactante se convirtió la libertad de 18 agresores sexuales infantiles, condenados por aberrantes delitos contra menores. Desde el día en que salieron desde el Centro de Detención Preventiva de Castro el viernes 28 del mes pasado, se levantó una voz de alerta en agrupaciones sociales que defienden a las víctimas. Se alzó un llamado de crítica al sistema. Se cuestionó el beneficio de la libertad condicional.
Este escenario enfrenta el plano jurídico-legislativo con el moral y social. La ley permite que estos reclusos puedan salir de las cárceles al cumplir ciertos requisitos. Más allá que un delincuente haya violado sistemáticamente a un niñito por varios años, destruyendo su inocencia, una familia, provocando un daño irreparable, si satisface los requerimientos puede quedar libre.
En el caso de los agresores sexuales infantiles, el haber cumplido dos tercios de la sentencia, presentar una conducta intachable en la unidad penal, haber aprendido bien un oficio y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela de la cárcel son las obligaciones que analizan las comisiones de libertad condicional del Poder Judicial. Si se satisfacen se otorga el beneficio, sin importar que el número sea alto como ha ocurrido recientemente.
Esto provocó una fuerte disonancia en la comunidad. "Quedé súper mal cuando supe esto... no pensábamos que eran tantos (los que recuperaban la libertad)", indicó en su momento Victoria Muñoz, directora regional de la Red Infancia Chile. Un sentimiento compartido por muchos que desconocen este marco legal, este derecho al que pueden postular los condenados por estos graves hechos delictivos.
Y bien lo explica el defensor penal público de Castro, Claudio Herrera, existe ignorancia general respecto a las formas como se cumplen las penas en nuestro país, ya sean relativas a sanciones corporales como pecuniarias o restrictivas de derechos.
El abogado enfatizó que debe someterse a análisis la situación en general y no lo específico o excepcional, con la premisa que la comisión de cierto delito, en este caso uno sexual infantil, lleve al castigo de la privación de libertad.
"Es en este ámbito donde aparecen los denominados beneficios intrapenitenciarios y la libertad condicional, que son formas de reducir el tiempo de privación de los condenados o anticipar condicionalmente su salida para cumplimiento del saldo insoluto sujeto a un control en libertad", aseveró el profesional.
Asimismo, la fuente fue clara en señalar que este escenario, de anticipo de la salida al medio libre, "no significa una reducción de condena, la cual se mantiene, pero que en razón de las especiales características del condenado aparece que la finalidad de la pena impuesta está cumplida".
La fuente manifestó que esta hipótesis que contempla la norma publicada en 1925 está supeditada al cumplimiento estricto de condiciones objetivas y subjetivas para su procedencia. Además, queda en todo evento sujeta a la decisión administrativa.
Control
Es más, Herrera aseveró que "durante el goce de estos beneficios el condenado está sujeto a un férreo control administrativo y supeditado su actuar en libertad a no verse involucrado en nuevos hechos penales".
Bajo esta mirada, para acceder a la libertad condicional se deben cumplir requisitos específicos y los condenados deben mantenerse bajo control, todo especificado por ley. No es algo al azar, sino uno de los tantos beneficios que constituyen derechos normados.
No obstante, algunos de los cuestionamientos se centran en que el otorgamiento de estas medidas no tiene un sustento social. Los informes que se puedan presentar sobre las condiciones de reinserción, rehabilitación y acondicionamiento en comunidad no son vinculantes y literalmente pueden desecharse por la comisión para decretar la libertad condicional.
Por ello, aumentan las críticas sabiendo que en el caso de Castro, al menos nueve presos con antecedentes negativos de todas formas accedieron al medio libre.
Apuntando más al fondo de esta problemática, el subjefe del Departamento Técnico de la Fundación Ciudad del Niño, Marcelo Abarca, quien se ha especializado en el trabajo con menores violentados, puso su atención en una mirada macro, expresando que no existen políticas públicas para tratar a los agresores sexuales.
El sicólogo recalcó que pueden desarrollarse iniciativas puntuales y esporádicas, pero no hay estrategias de actuación para estas personas infractoras de ley, menos seguimiento y evaluación de impacto al momento en que dejan atrás los barrotes.
Dentro de este contexto, afirmó el experto que "los agresores sexuales salen con las mismas distorsiones cognitivas, las mismas creencias en cuanto al abuso y falta de reconocimiento".
En cuanto a lo niños vulnerados, el especialista concuerda en que la sola idea que el agresor recupere su libertad intensifica el daño y puede afectar su reparación. Todo dentro de una esfera jurídica que considera como la que mayor revictimización produce en los pequeños.
La afectación se incrementa al someter a los menores a todo el proceso judicial que conlleva múltiples entrevistas, reconstituciones de la pesadilla que sufrieron y hasta nuevos relatos en medio de una audiencia y con cercanía del acusado. Un escenario agotador y vulnerador, que se multiplica si el sentenciado sale libre tras pasar varios años en la cárcel.
Es más, el ámbito reparatorio que implica la justicia, la condena en sí, que acredita la versión del ofendido y lleva al encierro a su agresor, puede verse afectada con estas medidas.
"Decir que un sujeto que cometió un delito contra un niño en una dinámica de poder aprovecharse de la confianza, sale y vuelve a tomar contacto con medidas judiciales accesorias que no son efectivas, es complejo para el menor", comentó el profesional.
Esta situación se intensifica en contextos rurales como los existentes en Chiloé, donde toda medida diferente a la corporal es difícil de fiscalizar. "Esta persona vuelve a pernoctar o a vivir con la pareja, hasta vuelve a vivir con el niño agredido. Al no haber una supervisión, ya que solo se controlan cuando salen", acotó Abarca.
Junto con insistir en el hecho que estos condenados no tienen posibilidad de tratamiento y hasta pueden trasladarse de cuidad para incorporarse a medios que tienen vetados por cercanía con menores, el experto insistió en que "las medidas proteccionales no son eficaces, lo hemos conversado con tribunales y Fiscalía, lo que se ve más en sectores rurales, lo que produce una victimización secundaria en los menores".
Modelo
Este es un fenómeno real que al ser internalizado por la comunidad genera preocupación ante la vulnerabilidad de un sistema que golpea mayormente a los menores violentados y sus familias.
Gendarmería reconoce que los condenados por estos delitos sexuales con penas de crímenes no cuentan con tratamiento dentro de las cárceles, pero que la intención es cambiar esta debilidad.
Así lo describió Bruno Zanetti, jefe técnico regional de la institución, quien enfatizó que a nivel de medio libre se aplica un modelo teórico de riesgo, necesidad y responsabilidad, el cual se puede replicar en el sistema cerrado a partir del 2017.
"Esta iniciativa busca atender en la individualidad los factores desencadenantes de la conducta delictiva para poder intervenir en ellos. Permite ordenar el trabajo, se aplican instrumentos para medir los factores de la génesis delictiva, qué desencadena los delitos sexuales, qué elementos están, los cuales muchas veces no están asociados a una perversión", aclaró el asistente social.
Estos factores son los que se pretenden atacar con este programa, en especial, considerando el contexto en que se producen estos ilícitos en la región marcados por la relación intrafamiliar entre los intervinientes.
"Acá no se ve mayormente la figura del depredador sexual, hay patrones socioculturales que validan o aceptan esta conducta no apropiada, se acepta esta realidad", manifestó el funcionario público.
Este modelo está en proceso de evaluación y diagnóstico, para que el otro año se inicie la aplicación de los talleres que serían similares a los que realiza el Centro de Reinserción Social (CRS) para los infractores beneficiados con la medida de libertad vigilada. Eso sí, se debe generar una intervención distinta, capacitar a los equipos y potenciar el recurso humano, considerando que en la provincia solo existe un sicólogo para las dos cárceles insulares.
"Los agresores sexuales salen con las mismas distorsiones cognitivas, las mismas creencias en cuanto al abuso y falta de reconocimiento".
Marcelo Abarca,, sicólogo de la Fundación, Ciudad del Niño."