Afectados sufrieron el impacto de las "yapas"
Compraron a precios bajos el producto en mal estado. Autoridad apunta a la pesca ilegal.
Tal como sucedió en Dalcahue, Ancud y Castro también registraron casos de intoxicados luego del consumo de jurel natural, con 6 y 3 casos, respectivamente.
En los últimos días a través de las redes sociales, habían varias ofertas del producto en ambas ciudades, yendo desde una pieza de pescado por mil pesos, o 7 unidades por $5 mil y hasta llegar en Ancud a 600 pesos por cada ejemplar, con ofertas y 'yapas' por varios jureles.
Los pedidos se sucedían y, saltándose cualquier norma de salud e higiene con este producto, algunos pedían que los esperaran hasta el día siguiente para adquirirlo (ya no fresco, obviamente) y otros lo compraban directamente en el muelle Ancud, presumiblemente procedente de Dalcahue.
Fue así que fuentes hospitalarias revelaron que la tarde del lunes una familia completa fue a parar a la Urgencia del Hospital San Carlos de Ancud, los 5 integrantes intoxicados luego de haber consumido el apetecido producto marino. A ellos se sumó una mujer en horas de la noche del lunes.
En este sentido, aclaró la seremi (S) de Salud de Los Lagos, Sofía Torres, que "el producto cuestionado es el jurel en pieza, que fue adquirido por las personas, principalmente en la vía pública, comprados en camionetas, en embarcaciones e, incluso, algunos regalados o a muy bajo precio".
La fuente recalcó que todos los síntomas presentados en los afectados son "típicos de alergia por consumir pescado en mal estado, que ya ha estado expuesto a temperatura ambiente, sin cadena de frío".
Resguardos
La autoridad insistió en que hay que tener los resguardos necesarios de no consumir este tipo de productos, indicando que "existen personas adultos mayores y niños que podrían verse afectados mayormente y todo depende de la concentración de esta sustancia al consumirse".
Desde Sernapesca regional se apuntó los dardos hacia la "pesca ilegal", indicando su director, Eduardo Aguilera, que "estamos identificando cuál es la embarcación que realizó esta actividad extractiva", precisando que los responsables se exponen a una multa 30 a 300 UTM por no declaración de desembarque.
Agregó que estas consecuencias "ponen de manifiesto el riesgo de adquirir pescados y mariscos en puestos no establecidos, ya que deben estar sujetos a los controles tanto de la Autoridad Sanitaria como pesquera en términos de asegurar y dar confiabilidad en los recursos que se están consumiendo".