Justicia condena por $30 millones a la Corporación Municipal de Dalcahue
Excandidato a alcalde interpuso acción por vulneración de derechos fundamentales.
Una sentencia en primera instancia por una suma cercana a los $30 millones por la figura de vulneración de derechos fundamentales dictó el Juzgado de Letras y del Trabajo de Castro en contra de la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire de Dalcahue.
El fallo atiende a una demanda laboral que en su momento presentó el excandidato a alcalde de RN y docente en ejercicio, Juan Carlos Soto, quien además fue jefe de Educación del mismo organismo sostenedora en la última administración comunal de Juan Alberto Pérez.
La demanda se fundamenta a partir de una serie de acciones en que habría incurrido la entidad corporativa una vez que el educador renunció el pasado 5 de diciembre a ese cargo, en la antesala a la llegada a la alcaldía de Juan Hijerra (pro UDI).
Tras la desvinculación como directivo de la corporación, Soto emigró al Liceo Polivalente en calidad de encargado de convivencia escolar.
"El empleador está cometiendo actos de vulneración de estos derechos, en particular actos discriminatorios por su condición política, actos que vulneran su honra, su vida privada y, asimismo, afectan su integridad síquica", explicó Ignacio Álvarez, abogado demandante.
El profesional añadió que Soto al momento de su llegada al establecimiento técnico-profesional había celebrado con la administración anterior un anexo de contrato que consideraba un bono de responsabilidad técnico-pedagógica y una asignación especial, beneficios que habrían sido redestinados con la nueva gestión municipal.
Álvarez agregó que "la resolución número uno y dentro de esta vorágine, ellos se dieron el tiempo de dictar una resolución para quitarle estas dos asignaciones de manera unilateral al señor Juan Carlos Soto; se vio afectado, estuvo con licencia y tomó sus vacaciones".
Otra acción denunciada, según el jurista, se concretó tras el retorno de su cliente desde sus vacaciones: fue informado que el puesto de encargado de convivencia escolar fue suprimido para volver a dictar clases en aula en historia y geografía.
Al respecto, el excandidato alcaldicio y profesor Juan Carlos Soto reaccionó con conformidad luego de conocer la sentencia judicial dictada en una primera instancia. "Sin duda, era lo que esperaba, aquí ocurrió un tema que tiene que ver con mi salida de la corporación con una renuncia voluntaria", enfatizó.
El alcalde dalcahuino Juan Hijerra expresó que desde el área jurídica se acudirá a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, "ya que hay plazo hasta la próxima semana para acudir de nulidad y nosotros vamos a acudir (...); este es un tema jurídico y los tribunales en primera instancia determinaron un fallo y hay que respetarlo".
"Ellos se dieron el tiempo de dictar una resolución y quitarle estas dos asignaciones al señor Juan Carlos Soto".
Ignacio Álvarez, abogado"
10 días de plazo tiene la corporación dalcahuina para recurrir de nulidad.