Menos de un mes tenía José Barraza en Quellón, después de una ausencia de unos tres años. Su retorno al sur de la Isla es materia de investigación por parte del Ministerio Público, porque marcaría la génesis del fatal desenlace de esta familia.

El rompimiento con su pareja, Ingrid Castillo, motivó el traslado del obrero hasta Chiloé en compañía de sus hijos. Una situación que hasta los propios amigos del trabajador sorprendía, al no ver a la mamá en la humilde casa que habitaban.

Sin embargo, este escenario se explicaría en un arreglo entre las partes, como lo afirmó el mismo fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, quien sustanció las pericias de esta causa y que se constituyó en el sitio del suceso.

Tal como indicó el persecutor, la ruptura de la pareja se produjo en Valparaíso, donde vivían. "En julio se habría registrado este hecho y los niños quedaron bajo el cuidado del padre en una situación de acuerdo, sin mediar una orden judicial", aclaró.

No obstante, al poco tiempo del traslado de los menores a la provincia se desató la furia. La mujer acusó hostigamientos y amenazas, "que la obligaron a trasladarse a Quellón y presentarse a la Fiscalía Local para interponer una denuncia", afirmó el abogado.

El 10 de septiembre pasado se produjo este trámite y dos días después Barraza fue formalizado en el Juzgado de Garantía quellonino por amenazas a la víctima, decretándose como cautelar la prohibición de acercarse a la afectada.

Como la porteña llegaba de la capital de la Quinta Región se le facilitó su recepción en la Casa de Acogida de Ancud, donde estaba hasta desencadenarse el parricidio.

medidas

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Esa fue la dinámica penal del caso, pero la situación de los menores no era desconocida para la justicia. Tal como señaló Canales, el mismo día de la denuncia de la mujer, "como fiscalía entregamos todos los antecedentes al Juzgado de Familia de Quellón para que conociera los hechos y se decretaran las medidas urgentes ante una eventual vulneración de derechos de los niños".

Es más, el 12 de este mes se evacuó un informe pericial para sustentar estas acciones. "El sicólogo de la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos preparó el informe, en base a una atención realizada el día anterior a la mujer en Ancud, en su calidad de víctima denunciante", puntualizó.

En el texto se sugiere la posibilidad de verificar la situación de los niños que permanecían bajo el cuidado del padre. "El profesional en méritos de los antecedentes recabados sugirió que se evaluara la entrega de los menores a un tercero responsable, considerando el conflicto de pareja que existía", apuntó el jurista.

Sin embargo, desde la entrega de esta pericia hasta el fatal desenlace, pasaron 15 días en que no se tomaron medidas concretas -Sename no tenía conocimiento del caso y no había recibido requerimiento judicial alguno- para retirar a los pequeños desde el hogar en que fueron asesinados.