Con extremas medidas de seguridad y por cerca de tres horas se realizó durante la jornada de ayer en el Juzgado de Garantía de Castro, la formalización de 10 de los detenidos por la denominada "Operación Nenuco". La banda delictiva enfrentó los cargos, siendo solamente una mujer desvinculada del caso, pese a ser una de las primeras aprehendidas.

Los integrantes del grupo cayeron en tres dispositivos que se extendieron desde el jueves pasado. Personal del OS-7 de Carabineros, con respaldo logístico de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales, GOPE, personal de Fuerzas Especiales y uniformados de la provincia se desplegaron en Mocopulli, las poblaciones Juan Soler y Salvador Allende de la capital chilota y el sector de Degañ para capturar a los implicados en este caso.

Nueve de los imputados fueron encausados por tráfico de drogas y asociación ilícita en el marco de la Ley 20.000, mientras que uno solo fue formalizado por el primer delito.

Así lo ratificó el fiscal Javier Calisto, quien fue el encargado de sustanciar esta audiencia, ya que el persecutor que guío las pesquisas que permitieron la detención de los sujetos como la incautación de las sustancias ilícitas y especies -avaluadas en unos 55 millones de pesos-, Enrique Canales, no se encuentra en Chiloé.

El abogado recalcó que "nueve personas quedaron en prisión preventiva y solo una mujer -la pareja del líder de la banda-, quien está embarazada, quedó con arresto domiciliario total".

Asimismo, enfatizó que la magistrado Alejandra Varas "acreditó preliminarmente la existencia de los dos delitos que formulamos, una situación que se tomó en cuenta para acoger la cautelar más gravosa, más al considerar la gravosidad de los mismos".

INÉDITO

INÉDITO

En una circunstancia inédita en la provincia, el Ministerio Público busca configurar la existencia de una organización criminal en el marco del tráfico de estupefacientes. Justamente, los argumentos para sustentar estos cargos determinaron que la audiencia se extendiera más de lo previsto.

Como manifestó el fiscal Calisto, "se buscó detallar la participación de los imputados en la asociación ilícita, dejar claro que existe coordinación en el tiempo para el desarrollo de este tipo de actividades ilegales y también distribución de funciones dentro del grupo".

En la sesión judicial se aclaró la existencia dentro de esta supuesta agrupación de un joven que llevaba el mando y la planificación de las operaciones, otras jefaturas operativas, otras personas encargadas de la venta de droga a los consumidores y también unos encargados del enlace de proveedores.

Todo este escenario habría quedado establecido en las pericias indagatorias que se extendieron desde mayo de este año. Sin embargo, como enfatizó el persecutor, la permanencia en el tiempo de la banda sería mayor.

"Considerando las adquisiciones de bienes que tenían, ellos vendrían ejecutando su actividad desde el 2009", apuntó el jurista.

Investigación

Investigación

Tres meses de otorgaron en el tribunal para el desarrollo de la investigación formalizada de la causa. Dentro de las primeras pesquisas que se esperan está el análisis de la droga incautada, correspondiente a 969 gramos de cocaína, 1,96 kilos de clorhidrato de cocaína y 13 gramos de pasta base. En el Servicio de Salud Chiloé y el Instituto de Salud Pública de Santiago se realizarán las pericias.

Junto al trabajo pericial se suma la labor policial. El OS-7 continúa realizando diligencia para detener al único prófugo, por quien existe una orden judicial de aprehensión y que se constituye en el último eslabón directo dentro de esta banda vinculada al narcotráfico que fue desbaratada en el centro de la provincia.