l Pedro Bárcena González

Buscando demostrar posturas disímiles y bien definidas, comenzó el que se espera sea un extenuante juicio por el asalto armado contra el supermercado Unimarc, emplazado en calle Colo Colo del centro de la ciudad de Ancud. Una audiencia que se inició ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro y que incluirá cerca de una treintena de peritos y testigos, y más de medio centenar de prueba material y documental.

En este caso, los sujetos identificados con las iniciales J.D.C. (32), J.G.V. (25) y S.R.R. (41) están siendo acusados -en calidad de autores- por robo con violencia, arriesgando una pena de 10 años y un día de presidio; mientras que la mujer individualizada como M.L.M. (42) se expone a 3 años de reclusión por el delito de receptación.

En su alegato de apertura, el fiscal Jorge Raddatz, quien instruyó la causa, no solo graficó la participación de los involucrados en el atraco perpetrado el 30 de marzo del 2013, sino que también desnudó las falencias en la materialización del ilícito. Explicó que los tres sujetos se concertaron para apoderarse de más de 28 millones de pesos, previa intimidación y reducción de un guardia y cuatro dependientes del local.

"Este delito quedó marcado por la violencia, planificación y cantidad de dinero sustraída, algo inédito para la comuna", indicó el persecutor, añadiendo que "desde un comienzo de la investigación se determinó que el hecho fue realizado por alguien que conocía el lugar", en este caso, el mayor de los imputados por el atraco, quien fue administrador del establecimiento.

Asimismo, el abogado apuntó en los garrafales errores en que habrían incurrido los detenidos. "A todas luces existe planificación del delito, pero se planificó mal y se ejecutó peor todavía", aclaró.

Dentro de los "hierros" identificados por el jurista, detalló que los asaltantes solamente desactivaron las cámaras de vigilancia, cuando ya habían grabado sus movimientos; que el coimputado más joven compró las armas a fogueo, con su nombre, dos días antes del ataque delictivo en una tienda ancuditana, y que en el sitio del suceso se halló un fierro con una huella dactilar de uno de los sujetos.

Además, recalcó que el joven de 32 años, quien transportó a los presuntos autores materiales del robo, aparece posteriormente vendiendo este mismo auto en un sitio web, "con su identificación y número telefónico, que coincide con el usado para comunicarse con el resto para hablar del robo", acotó.

Si por un lado el persecutor apuntó a las equivocaciones de los imputados al concretar el asalto, el abogado Claudio Herrera, representante del vendedor acusado de ser parte de la banda y transportar a los autores materiales del hecho, se enfocó también en los errores, pero aquellos derivados de las pericias indagatorias.

"Este caso fue pésimamente investigado por la Policía de Investigaciones de Ancud", señaló el defensor, sumando que "la prueba no genera convicción por ser recogida con infracciones de garantías, las cuales perjudican toda conclusión que se obtenga a base de estas".

El profesional resaltó que los datos del vehículo y su conductor fueron obtenidos tras su detención y no previamente, y que no existió autorización para las interceptaciones telefónicas.

A su vez, enfatizó que "colaborar en el transporte de los autores del robo no implica que facilita los medios y acciones materiales del delito", por lo cual solicitó la absolución del isleño.

En tanto, los defensores de los otros dos acusados por el robo no discuten la intervención en el mismo y se concentraron en el reconocimiento de atenuantes.

Jorge Vásquez, quien representa al menor de los imputados, pese a puntualizar que no existiría evidencia "que pueda incriminarlo", valoró su confesión como responsable del atraco y la identificación de los otros intervinientes.

"No hay prueba física, material o testimonial que permita dar cuenta que estuvo en el lugar", indicó el abogado, agregando que las imágenes de video no permiten individualizarlo y que no se puede establecer que las armas que posee fueron usadas en el asalto.

Sin embargo, el mismo joven en su declaración en estrado confesó que compró las armas en la tienda Dimarsa, que participó en el ilícito, que maniató a las víctimas, que rompió el vidrio por el cual huyeron del supermercado y que se quedó con dinero. Justamente, este testimonio busca sustentar la mitigante de colaboración sustancial que se invoca en su favor.

Esta misma circunstancia modificatoria solicita el defensor particular del mayor de los acusados, considerado como autor intelectual y también material del delito.

Jorge Rodríguez dijo que el ex administrador de Unimarc, reconoció el hecho y "que su confesión lleva a dilucidar el delito y recuperar las especies". Además, rechaza la concurrencia de la agravante de la intervención de dos o más malhechores en el caso, lo que sumado a la atenuante de irreprochable conducta anterior que lo favorece, "permite imponer una pena que no supere los 5 años de reclusión", expresó. J

l Antonio Guerra, defensor de la mujer acusada por receptación, también invocó la absolución de su representada, especificando que no hay prueba que configure este delito, "por el cual debió pasar más de un mes privada de libertad, solo por ser conviviente de uno de los imputados por robo (pareja de S.R.R.)".

Indicó que la comerciante "nunca supo del robo y de las especies, y que su pareja fue quien escondió el dinero en su local".

Además, recalcó que hubo vulneración de garantías en la cadena de custodia de las especies y al no existir autorización para la entrada y registro del domicilio.