l Luis Contreras Villarroel

A una pena efectiva de seis años de presidio efectivo fue condenado el cónyuge de una guardadora del Servicio Nacional de Menores por el delito de abuso sexual infantil cometido en contra de dos menores de edad de Ancud.

La decisión judicial fue dada a conocer por la magistrada Loreto Yáñez, una vez concluido el juicio oral realizado durante el transcurso de la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.

Durante las sesiones respectivas, el Ministerio Público a través del fiscal Jorge Raddatz aportó los medios de prueba que inculpaban al imputado J.C.G.C. (51) en el delito de abuso sexual infantil en contra de tres menores entre 6 y 9 años cometido en noviembre y diciembre de 2011 en la vivienda que compartían ubicada en el sector Vista Hermosa de la ciudad de Ancud.

Una vez analizados los antecedentes, el juzgado absolvió por un caso al hombre, mientras que una suerte distinta corrió por las dos acusaciones restantes, por las cuales el persecutor acreditó los actos de connotación sexual realizados a los pequeños.

El fiscal Enrique Canales, quien representó a su par Jorge Raddatz en la lectura de la sentencia, manifestó que el condenado cumplirá de manera íntegra la sanción penal por los delitos cometidos a finales de 2011.

"Dada la extensión de la pena no es procedente ningún tipo de pena alternativa de las consideradas en la Ley 18.216 que es la regla general y que sean cumplidas en libertad", subrayó el abogado.

Sin embargo, el organismo persecutor revisará detenidamente el contenido del fallo judicial, sin perjuicio que pueda realizarse algún tipo de impugnación a la condena aplicada por el tribunal de justicia castreño.

Por su parte, la abogada querellante del programa Reparación y Justicia de la red del Sename, Anamary Barrientos, se mostró conforme con el dictamen, aduciendo que "no era un caso fácil de llevar adelante, los niños se encontraban fuertemente vulnerados, estaban muy reacios a entregar su testimonio, ellos manifestaban por toda su historia una situación de vulneración extrema".

Sostuvo la profesional que se hizo un trabajo a favor de lograr que los menores recobraran la confianza, situación que se suma al fallo que terminó con el encarcelamiento del condenado. J

l La defensora penal pública del condenado, Vanessa Pérez, dijo no sentirse conforme con el resultado del fallo judicial, situación ante la cual analizará la condena antes de presentar un recurso de nulidad ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Manifestó que para cumplir con esta fase posterior a la lectura de la sentencia dispone de un plazo de 10 días para interponer dicho trámite ante el tribunal de la capital regional y lograr un revés en el juicio.