l Luis Contreras Villarroel

Un cataclismo político ha causado un certificado del Ministerio de Desarrollo Social que revela que la gobernadora provincial de Chiloé, Claudia Placencio Muñoz (PPD), aparece con un puntaje que la sitúa en calidad de indigente y, por ende, dentro del segmento más pobre de la población, de acuerdo a la Ficha de Protección Social.

En este escenario, la profesional figura en el 1% más pobre en el marco de los chilenos encuestados por intermedio de este instrumento estatal.

La información oficial y que ha sido publicada por la prensa nacional indica que la ahora autoridad gubernamental al presente mes, marzo de 2014, cuenta con 2.119 puntos, en tanto que la persona más pobre de Chile tiene 2.072; es decir, una diferencia de apenas 47 puntos.

El Estado de Chile establece claras categorías respecto a las personas catastradas y determinando que todo ciudadano que tenga hasta 4.123 puntos es considerado en calidad de "indigente".

Bajo estos parámetros, una persona en esta condición puede optar automáticamente a distintos beneficios estatales de carácter social, tales como el llamado Ingreso Ético Familiar y diversos bonos para su subsistencia. En este ámbito solamente aparecen personas en situación de calle, analfabetos y con discapacidad física grave sin posibilidades de generar sus propios ingresos económicos.

Todos los antecedentes captados indican que la socióloga egresada también del Magíster en Gestión de Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile se le aplicó una encuesta para ser ingresada al sistema cuando corría mayo de 2007. En aquel entonces la profesional se desempeñaba en el Servicio de Registro Civil e Identificación de Santiago, donde percibía una renta sobre un millón de pesos, de acuerdo a la fuente del portal de Gobierno Transparente.

Placencio, con domicilio en el sector rural de la comuna de Ancud, asumió como gobernadora provincial de Chiloé este 11 de marzo con motivo de la asunción del nuevo gobierno que encabeza la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria.

La designada personera que se enteró de su nombramiento la misma mañana del martes cumplía funciones hasta hace poco en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Cavif, orgamismo creado bajo el alero del municipio ancuditano y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Durante su primera presentación como representante del Ejecutivo, siempre en compañía de militantes del Partido por la Democracia y el Partido Comunista, trazaba sus primeros lineamientos de trabajo en respuesta al programa de gestión de la mandataria.

Placencio, quien es militante desde el 2005 en el PPD, declaró que es originaria de la ciudad de Santiago y que actualmente vive en la zona norte de Chiloé desde hace casi cuatro años.

Sin presagiar lo que se vendría cinco días más tarde, la profesional se encontraba trabajando aceleradamente en la conformación de su equipo político, el cual quedó integrado por un férreo círculo de activos militantes de su colectividad y el PC.

La trayectoria de la gobernadora provincial de Chiloé revela que tras su paso por el Registro Civil cumplió funciones en la Subsecretaría de Previsión Social, siempre en calidad de coordinadora metropolitana. Más tarde prestó servicios profesionales en municipalidades y organizaciones no gubernamentales, siendo una de sus últimas funciones como coordinadora del Cavif que funciona en la ciudad de Ancud.

Poseedora de experiencia en el ámbito público, Placencio desarrolló una labor focalizada en las féminas que han vivido la experiencia de violencia intrafamiliar a manos de sus parejas, materia que domina ampliamente en el plano local.

En este servicio estuvo alrededor de un año antes que se diera a conocer su nombramiento para representar en el Archipiélago a la Presidenta Bachelet a partir del comienzo de su segundo período al mando de la nación.

Los reveladores detalles del Ministerio de Desarrollo Social gatillaron una espiral de declaraciones en las redes sociales y también entre los diversos actores políticos con representación en la provincia y en la Región de Los Lagos.

Tales cuestionamientos se sustentaron en el mecanismo que encierra la aplicación de la Ficha de Protección Social, la veracidad de la información que se ingresa y registra y las debilidades que contempla el modelo para captar a la ciudadanía y obtener una radiografía de su realidad social y económica.

A partir de este escenario que ha impactado tanto en la zona como en el país, La Estrella de Chiloé tomó contacto con el área de comunicaciones de la Gobernación Provincial en busca de un pronunciamiento formal por parte de la propia socióloga involucrada en la áspera polémica.

Recién en la noche, Placencio realizó escuetas declaraciones sobre este caso tras una actividad en Castro Alto (ver pág. 5). J

l Otros tres nuevos gobernadores del país aparecen en tela de juicio por distintas situaciones. Entre ellos figuran el comunista Salvador Delgadillo, al mando de la provincia de Santiago, quien está querellado por presuntos desvío de fondos de la reconstrucción cuando era alcalde de Tiltil.

A su vez, el gobernador de Antofagasta Hernán Vargas está en la mira por percibir una pensión de la Ley Valech, a pesar de dudas de agrupaciones de víctimas de la dictadura sobre su condición de ex prisionero político.

El otro político es Cristian Fernández, de la provincia de Ñuble, ex alcalde destituido por irregularidades por el Tribunal Electoral Regional, medida que posteriormente fue revocada.