l Luis Contreras Villarroel

Posiciones con diversos matices encontraron las controversiales declaraciones de la ahora ex gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio Muñoz, realizadas para justificar su bajo puntaje en la Ficha de Protección Social, entre parlamentarios oficialistas y de oposición en la provincia y región.

A pesar de la explicación entregada la mañana de ayer por la socióloga al defender el informe socioeconómico mientras vivía en el sector rural de Ancud, las interpretaciones políticas no se hicieron esperar.

Uno de los más duros fue el diputado Alejandro Santana (RN), quien acusó al Gobierno de "avalar a los falsos pobres, porque se demora cinco minutos en entregar todos los antecedentes si hay un error o si generó una situación equivocada, pero después de cinco días no existe ningún pronunciamiento".

El congresista enfatizó que la Ficha de Protección Social "es un instrumento público y como instrumento público puede existir el delito de falsificación y de utilización indebida o maliciosa de este instrumento público para beneficios personales".

Su par por Chiloé y Palena, la diputada Jenny Álvarez (PS), lamentó la situación reflejada por Placencio. "Es muy sensible este tema porque tener 2 mil puntos es tener un puntaje de 'indigente' que mucha gente teniendo situación muy precaria (no lo tiene)", expuso.

"Lamento la situación que haya vivido la (ex) gobernadora en algún minuto pero me conmueve más la situación de muchas mujeres de la provincia de Chiloé", subrayó la también ex representante de Bachelet en la provincia.

En tanto, el diputado de la UDI del distrito 56, Felipe de Mussy, solicitó ayer en la Cámara Baja la fiscalización de la FPS de la ex autoridad.

"La idea es ver que la información de la ficha cuando se le hizo la encuesta sea correcta, o sea no haya mentido", mencionó, agregando que "en caso que no sea lo correcto, eso puede terminar en una acción judicial". Tal supervisión debe asumirla un fiscalizador del Ministerio de Desarrollo Social.

En la convulsionada jornada apareció un abanico de nuevos antecedentes sobre la socióloga militante del PPD.

El sitio web del Instituto de Previsión Social, IPS, confirma que Placencio es beneficiaria de una pensión de invalidez. A pesar que la autoridad negó el uso de cualquier beneficio estatal, la plataforma de este organismo refleja que la representante tiene como fecha de pago este 24 de marzo y fija una similar cancelación para el 23 de abril.

También la prensa nacional informó de la tenencia de un automóvil marca Chevrolet Spark modelo 2011 y que Placencio vendió en el enero de ese año. Ello, sin olvidar un departamento a su nombre por 25 millones de pesos en la comuna de Santiago.

A los supuestos beneficios estatales se suma otro antecedente, el que refleja que Placencio mientras se desempeñó en el municipio de Ancud entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013 accedió a una renta mensual de 900 mil pesos. J