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Ficha de Placencio: piden a Contraloría instruir un sumario

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Culminó la investigación sumaria interna en el municipio de Ancud por el puntaje de la Ficha de Protección Social de la ex gobernadora provincial Claudia Placencio, documento que acredita que la socióloga se encuentra en el rango de las personas más pobres del país, lo que incluso le permitiría acceder a beneficios para los más desposeídos.

En el registro aparece con 2.119 puntos desde el 2007 y pese a la realización de una nueva encuesta tomada cuando ya vivía en Ancud, este puntaje no varió.

Según explicó la abogada Leyla Aguayo, asesora jurídica del municipio local y que emitió los vistos de la indagación preliminar, se le recomendó a la alcaldesa Soledad Moreno realizar dos acciones en torno a este caso.

"Una era oficiar a la Contraloría a fin de que ellos sustancien un sumario administrativo en atención a que ellos tienen facultades fiscalizadoras mucho más amplias de las que pudiesen llegar a tener los funcionarios dentro de la municipalidad", sostuvo la profesional.

Sumó la jurista que por la Ley de Protección de Datos de la Información, el consistorio no dispone de mayor acceso para revisar los antecedentes de la ficha social en cuestión en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, pero ello sí lo podría tener la Contraloría Regional.

Agregó Aguayo que también se le propuso a la jefa comunal que, en atención a que habría algunos hechos que pudiesen significar delito, comunique al Ministerio Público para que realice la investigación respectiva.

"El oficio también salió el día de hoy (ayer) y fue presentado en la Fiscalía de Ancud y tendrán que determinar si es que hay responsabilidades penales al respecto", señaló.

La misma fuente detalló que "efectivamente es probable que existan algunas anomalías en el reporte que fue entregado por las personas que informaron a los funcionarios municipales, en este caso el informante o los integrantes de la Ficha de Protección Social".

Puntualizó, además, que los plazos para el cierre de la investigación lo establecerá la Fiscalía de Ancud y la Contraloría Regional de Los Lagos. "Es netamente un tema interno de ellos, creo que tienen hasta 90 días", sentenció Aguayo. J