l Pedro Bárcena González

Con "problemas a la vista, pero en tratamiento" se encuentra Carabineros en su lucha contra los antisociales. Lo que fue calificado como el proyecto que entregaba "nuevos ojos" en la disuasión delictiva ha sufrido una serie de embates que lo debilitaron, levantando más de una reacción de parte de la comunidad. Sí, porque las cámaras de televigilancia instaladas en Castro y Ancud se convierten en herramientas poderosas dentro de la ejecución del Plan Cuadrante Seguridad Preventiva, pero ante la inoperancia de algunos de estos equipos por varios meses, su aporte se ha reducido.

El arribo de esta tecnología a las principales ciudades de la provincia, que está próxima a cumplir cuatro años en ejercicio, fue considerado como uno de los principales elementos para modernizar la prevención de los ilícitos, apoyar la labor policial en las calles, mantener vigilado a los hampones y configurar pruebas persecutorias.

Primero se ubicaron nueve equipos pertenecientes a Carabineros (cinco en Castro y cuatro en Ancud), a los que se sumaron otros siete a la ciudad del Gamboa, gracias a un proyecto del municipio que implicó fondos superiores a los 50 millones de pesos. Asimismo, la Gobernación de Chiloé instaló un par más de dispositivos en cada una de estas urbes.

Sin embargo, al poco tiempo la iniciativa comenzó a mostrar fisuras. Y no solo referidas a la capacidad del sistema, ya que se cuestiona la definición de la imagen, su alcance, monitoreo y ángulo de referencia. Su mantenimiento y, en definitiva, su operatividad empezó a tambalear.

Las reacciones de víctimas de ilícitos se sumaron, como las de un comerciante del centro de la capital chilota que se quejó por la ubicación de una cámara en calle O'Higgins, la cual no se alcanza a visualizar su local, o las de una conductora de iniciales P.L., a quien le rompieron un vidrio de su auto y le sustrajeron especies, sin que el lente captara la imagen de los malhechores, porque el aparato "estaba malo", como indicó.

Estas opiniones han ido en franco crecimiento, cuestionando el real efecto que pueda tener este equipamiento para mantener la sensación de tranquilidad de castreños y ancuditanos. Es más, los mismos vecinos se han acercado a las autoridades para tener respuestas y poder potenciar estos equipos. O simplemente, tenerlos vigentes.

Diversas denuncias ha recibido el concejal castreño Juan Eduardo Vera (UDI), centradas en las falencias que presentan las cámaras emplazadas en puntos estratégicos del centro de la ciudad.

Tal es el nivel de inquietud de los pobladores, que el representante edilicio decidió remitir un oficio con la finalidad que se haga una exhaustiva investigación, "ya que de no estar en condiciones de prestar seguridad a los vecinos, ¿de qué nos sirve haber invertido millonarios recursos, si el objetivo no se está cumpliendo?", puntualizó.

Vera manifestó que "no podemos quedar indiferentes a las aprensiones de los vecinos. Insisto, es un tema muy preocupante y que el alcalde (Nelson) Águila debe dilucidar y entregar una respuesta a los vecinos en relación a qué está pasando realmente con las cámaras de seguridad".

En la capital insular son cuatro los equipos que se encuentran con problemas, mientras que en Ancud son dos. Un escenario que debilita el sistema abocado a combatir la delincuencia.

Así lo indica el propio fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, añadiendo que para el Ministerio Público, "es de alta relevancia contar con todos los dispositivos y medios destinados a investigar delitos. Por eso, constituye una desventaja que estas cámaras no se encuentren habilitadas en un cien por ciento".

El abogado recalcó que dentro de las labores persecutoras que realizan, "siempre es positivo contar con imágenes" que puedan sustentar alguna imputación. Aunque reconoció que la inoperatividad de esta tecnología no ha afectado puntualmente algún caso, enfatizó que "dentro de un marco general del sistema, esta situación constituye una debilidad".

Bajo este contexto, el representante del organismo público resaltó que "esperamos que (los equipos) sean reparados con la mayor celeridad posible".

Y esa es la consigna. Diversas reuniones han sostenido funcionarios municipales y Carabineros para coordinar la forma de solucionar los problemas en este sistema.

En Castro, el propio titular de la Prefectura de Chiloé y Palena, coronel Francisco González, ha sostenido encuentros con la encargada comunal de Seguridad Pública, Lorena Barría, para analizar los alcances de la problemática y ver los puntos a seguir para tener cuanto antes las cámaras "al aire".

De acuerdo al jefe policial "estamos en proceso de recuperación". De los 14 dispositivos existentes en la capital chilota, cuatro presentan dificultades, "pero estamos trabajando para arreglarlos", aclaró, focalizando que las barreras que han incidido en la caída de estos medios, "son netamente administrativas".

Como especificó el oficial, "el tema de la mantención de estos equipamientos, cuando son proporcionados por estamentos públicos -en este caso el municipio-, debe atenerse a un protocolo específico. Existe un convenio de operatividad que sigue Carabineros".

Ante esta situación, la policía uniformada se ve imposibilitada de intervenir directamente los aparatos facilitados por estas organizaciones. Y no solo por este tema administrativo, sino también por la falta de recursos para estas labores.

En tanto, desde el municipio castreño se informó que en estos momentos se encuentran "en pleno proceso de verificación del funcionamiento de las cámaras de televigilancia, para posteriormente dar las instrucciones que correspondan para la mantención de éstas".

Asimismo, se declaró desde el consistorio que "durante todo este proceso se ha estado trabajando de manera conjunta con la Prefectura de Carabineros Chiloé Nº26, con quien se mantiene una fluida comunicación y coordinación. Por esta razón ambos organismos durante esta semana procederán a contrarrestar diversas opiniones técnicas de organismos especializados y empresas asesoras, quienes entregarán informe de costos y mantención de dichas cámaras".

Por su parte, el mayor Carlos Martínez, titular de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud, confirmó que son seis las cámaras de vigilancia que están en varias intersecciones céntricas de la ciudad y dos de ellas estarían en mal estado.

Agregó el jefe policial ancuditano que actualmente su institución se encuentra en un proceso de recuperación de estos elementos para su reparación y mantención. De esos seis dispositivos, dos pertenecen a la Gobernación Provincial, los que se encuentran en buen estado, y los otros cuatro pertenecen al Plan Cuadrante Seguridad Preventiva de Carabineros.

El funcionario policial aseguró que su institución tiene personal especializado para la manipulación de las cámaras y además está en constante alerta ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir.

Sumó el oficial que "debido a su alta calidad y complejidad requiere de personal especializado que deben llagar desde Santiago y traer los elementos para su reparación".

Considerando este escenario, los esfuerzos están centrados en sacar adelante rápidamente estos problemas y poder contar con los 14 "ojos" de Castro en el seguimiento de los delincuentes, y con los seis de Ancud para estos propósitos. J