l Tal como se repite en cada temporada, ad portas de la temporada estival no existen playas habilitadas para el baño. Así se desprende del reciente decreto emanado de la Capitanía de Puerto de Castro, que da cuenta que 15 áreas del borde costero de su jurisdicción no cumplen con los requisitos para esos efectos.

Tanto las condiciones naturales, el estado sanitario y el equipamiento mínimo de seguridad son insuficientes para implementar estas zonas de Castro y Dalcahue.

Ten Ten, Sabanilla, Tongoy, Punta Peuque, Quento y la costanera, por parte de la comuna castreña; Téguel, Quíquel, Quetalco, San Juan, Calen, Astillero, San José, Peldehue y la costanera, por parte de la 'tierra de las dalcas', fueron las playas descartadas para los bañistas.

Sin embargo, como enfatizó el jefe subrogante de la unidad naval, teniente Sergio Benítez, estas áreas pueden ser utilizadas como solaneras.

Además, el oficial enfatizó que un concesionario, que generalmente es el municipio, puede implementarlas como balnearios, lo que ocurre ya en enero o febrero, por lo menos en algunas playas como Ten Ten y Quento.

La presencia de un salvavidas casi siempre es la piedra de tope, junto con contar con terrenos naturales parejos, demarcados, con escasa corriente y no contaminados. J

l Intendencia, Ministerio Público y las policías constituyeron la primera "Mesa regional de coordinación interinstitucional de tráfico Ilícito de drogas de Los Lagos". Con la firma del convenio nació esta instancia que busca prevenir los alcances del movimiento de sustancias ilícitas en los barrios.

Como indicó el fiscal regional, Marcos Emilfork, "estamos presenciando un comienzo de un trabajo coordinado, de una estrategia distinta, de una forma distinta de enfrentar el microtráfico a nivel barrial y esperamos tener buenos resultados a partir del 2015". J

l Pedro Bárcena González

Con la clara evidencia del vehículo serpenteando por la principal calle de la comuna y en evidente estado etílico fue sorprendido durante la madrugada de ayer el administrado municipal de Quellón, Óscar Oyarzún. Y por si fuera poco, el funcionario habría estado conduciendo un vehículo perteneciente al consistorio local.

El dispositivo se produjo alrededor de las dos horas, en los momentos en que una unidad policial sorprende a la camioneta avanzando con dificultades.

"La patrulla se trasladaba por calle Ladrilleros y en sentido contrario estaba este móvil fiscal que zigzagueaba y luego se detuvo. En calle Ramón Vera Gómez se realizó la fiscalización respectiva siendo detenido el chofer por manejo en estado de ebriedad", acotó el teniente Mauricio Torres, jefe subrogante de la Subcomisaría de Carabineros porteña.

El oficial aclaró que el piloto "se opuso a la aprehensión". Incluso, se informó que en pleno procedimiento vociferó su cargo como medida de presión. Es más, el jefe policial recalcó que "no quiso realizarse el alcotest ni tampoco la alcoholemia en el hospital".

Durante la mañana de este jueves se realizó el control de la detención del funcionario municipal. Además, se encausó una investigación en su contra por manejo en estado de ebriedad y negativa injustificada para realizarse los exámenes respiratorios y alcoholemia, siendo este último un delito autónomo después de implementada la Ley Emilia.

Así lo confirmó el fiscal Rodrigo Valladares, quien instruyó la formalización, sumando que "se decretaron como cautelares la firma quincenal en Carabineros local dentro del plazo de 30 días decretado para la indagatoria. Además, se dispuso la suspensión de su licencia de conducir".

El persecutor explicó que a pesar que estos ilícitos tienen una baja penalidad -el manejo hasta 540 días de presidio y la negativa de exámenes una multa-, existen sanciones accesorias que pueden incluir prohibición de ejercer cargos públicos, como el que actualmente ostenta Oyarzún.

Asimismo, por el hecho de no someterse a la prueba respiratoria y de sangre para medir su nivel de alcohol, el imputado no podrá acceder a una eventual salida alternativa al procedimiento penal.

contraloría

Uno de los puntos que se pesquisarán en la causa será la naturaleza de la camioneta utilizada por el imputado. Como indicó Valladares "hay que certificar que el vehículo es estatal, de serlo hay que oficiar a Contraloría para que realice la investigación administrativa correspondiente".

En tanto, el defensor del administrador municipal, el abogado Jaime Marimán, declinó referirse al caso por lo menos en esta instancia de la investigación. J

l El alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, junto con lamentar esta situación, indicó que "ya se instruyó un sumario para determinar cómo se dieron los hechos y las responsabilidades. Luego, resolveremos sobre las acciones a seguir en el ámbito público", lo que puede ir aparejado con eventuales sanciones.

En lo inmediato, Óscar Oyarzún "tomó días administrativos mientras avanzan las investigaciones en su contra, sobre un tema que es netamente personal y que no va de la mano de la gestión municipal", apuntó el jefe comunal.