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Medio centenar de funcionarios a honorarios que trabajan en municipios de la provincia de Chiloé se manifestó por el paro nacional que se realizó en el país para pedir mejoras laborales.

En la ciudad de Castro una veintena de trabajadores municipales sin contrato y que percibe honorarios protestó en el frontis del edificio de la Gobernación Provincial. La mayoría provino de Queilen y la minoría, de Dalcahue.

Los empleados buscaron llamar la atención de las autoridades gubernamentales respecto a la situación contractual que afecta a aquellos empleados que no cuentan con contratos laborales.

Sebastián Vega, trabajador del municipio queilino, recordó que una de los escenarios más complejos se relaciona con los descuentos a partir del 2015 del porcentaje por concepto de cotización previsional para pensiones, salud y un seguro obligatorio.

"Para nosotros que contamos con honorarios son muy bajos, especialmente en los municipios chicos como es Queilen", explicó.

Vega enfatizó que la lucha de este sector apunta "primero que todo, tratar que el contrato a honorarios se elimine, ya que nosotros cumplimos funciones y cargos dentro de la municipalidad".

Ancud

A su vez, más de 30 trabajadores ancuditanos protestaron marchando en la Plaza de Armas, para después reunirse en el frontis de la municipalidad.

Cristina Alvarado, presidenta de la agrupación local de funcionarios a honorarios del consistorio, expresó que el Gobierno le está exigiendo cotizar y que no cuentan con beneficios como pre y postnatal o vacaciones.

"Tampoco tenemos derechos a años de servicios y a perfeccionarnos, por lo tanto, el trabajo que nosotros realizamos es en bien de la comunidad en general, pero sin embargo el Estado nos obliga a cotizar, no nos aumenta el salario que nosotros estamos pidiendo", lamentó la dirigenta.

La alcaldesa Soledad Moreno reconoció que el 2015 será complejo para los municipios y que, a pesar de ello, los funcionarios a honorarios deberán pagar sus imposiciones con los sueldos que tienen asignados.

"Es un tema bastante complejo y lo hemos conversados. Ellos han formado su asociación y me parece legítimo. Creo que hay que abordarlo porque tenemos una cantidad importante de trabajadores a honorarios y sus derechos son muy precarios", indicó la jefa comunal cercana a la DC. J

l Un llamado al Gobierno para que efectúe lo que llamó un "estudio real" a fin de que se disminuya el valor de los pasajes por el transbordo en el canal Yal realizó el senador Iván Moreira (UDI).

Los dichos del parlamentario por la Región de Los Lagos se dan ante la inquietud de los vecinos y las autoridades locales de Puqueldón por el encarecimiento que significa salir desde Lemuy a la Isla Grande de Chiloé y viceversa.

Frente a los 2 mil pesos que representa el valor de las pasadas entre Huicha y Chulchuy, Moreira indicó que "significan mucho para los modestos habitantes de la isla Lemuy que viven, en su mayoría, de la pequeña agricultura familiar".

Arguyó el legislador que "lo ideal es que allí el Estado de Chile entregue una subvención completa porque, además de la subvención que hoy existe, quienes quieran salir o entrar a la isla Lemuy deben pagar 2 mil pesos y, por si fuera poco, el Gobierno le entrega como si nada a Metro en Santiago más de 40 millones de dólares para que solucionen los problemas que han tenido en el último tiempo y eso, créanme, es impresentable".

El gremialista exhortó al Ministerio de Transportes a buscar una solución junto a la comunidad lemuyana. "Espero que exista una respuesta lo antes posible y no tengamos que esperar que los vecinos tengan que tomar medidas de fuerza como ocurrió hace 4 años cuando se tomaron la rampa del sector de Chulchuy", finalizó. J