l Luis Contreras Villarroel

En un fallo contundente el Juzgado de Letras y del Trabajo de Castro dictó una condena en primera instancia por prácticas antisindicales y derechos titulares en contra del Hospital de Quellón.

La medida judicial respondió a las acciones de carácter legal que emprendió en octubre de 2014 el matrón y ex dirigente de la Fenpruss Octavio Soto.

El profesional fue parte activa en el desarrollo de las fuertes movilizaciones sociales registradas en mayo de 2013 en demanda por mejorar las condiciones hospitalarias y que fueron gatilladas por la muerte de las pacientes Verónica Cosme y Carola Concha por presuntas negligencias médicas.

En forma posterior, Soto acusó ante Fiscalía supuestas irregularidades cometidas al interior del centro asistencial, lo cual -según el mismo- derivó en una "persecución laboral" y "censura".

Sobre el resultado de este fallo, precisó que "me parece lógico, por cuanto se comprobó claramente la intención de realizar consensuadamente acciones de carácter antisindical por parte de las personas involucradas, sin embargo, estamos a la espera de la ratificación por parte de la Corte de Apelaciones (de Puerto Montt)".

El contenido de la condena obliga claramente en este caso al Servicio de Salud Chiloé, organismo del cual depende el hospital, a no reiterar la aplicación de prácticas antisindicales.

Asimismo, la justicia exige al organismo del Minsal a publicar por espacio de siete días el compromiso de no realizar este tipo de acciones en contra de los dirigentes de organizaciones gremiales, con la debida fiscalización de la Inspección del Trabajo.

Del mismo modo, se aplicará una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales a favor del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), más la suma de 6 millones de pesos por concepto de indemnización.

Esta materia ya fue ingresada por parte del Servicio de Salud Chiloé al tribunal de alzada. J

l Un recurso de nulidad ingresó el Servicio de Salud Chiloé tras conocerse el fallo dictado por el Juzgado de Letras de Castro. El abogado y asesor jurídico Jaime Monsalves dijo que "se han ejercido las acciones que la ley contempla en defensa de los intereses institucionales". Sumó que "cuando hay recursos económicos involucrados, nuestra labor es protegerlos, es parte de nuestro trabajo", concluyó el jurista del organismo del Minsal.

l Cerca de 46 millones de pesos representó la inversión estatal que financió el proyecto de reposición de la sede comunitaria de Ten Ten en Castro.

El inmueble que fue inaugurado la tarde del sábado último es el resultado de una anhelada demanda de los vecinos del lugar por contar con un espacio para el desarrollo de reuniones o encuentros sociales.

Laura Remolcoy, presidenta de la Junta de Vecinos de Ten Ten, expresó que "me siento feliz por estar inaugurando esta bonita sede social donde se seguirán haciendo actividades en beneficio de este sector de Castro".

En tanto, el alcalde Nelson Águila subrayó que "hace más de dos años el municipio concretó aquí en Ten Ten un mejoramiento de alumbrado público, y allí en las reuniones salió la idea de poder reponer la sede social que era bastante regular".

La iniciativa fue impulsada por el municipio y financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere.

La superficie construida es de 120 metros cuadrados y cuenta con baños de acceso universal. J