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9.45 horas. El olor se filtra por las habitaciones. No es el humo de la combustión que pueda escaparse de su mal cerrada escotilla. Sin dudas, se trata de marihuana que nuevamente está dejando su huella. Y al abrir la puerta de la casa, la evidencia se torna palpable. Dos jóvenes vestidos con atuendos deportivos queman un "porro" a menos de dos metros de la vivienda. La escena ya es repetitiva y la problemática parece incontrolable.

Esta escena se reitera en cientos de hogares de Castro y otras urbes de Chiloé. La presencia de sujetos que consumen, comercializan y cultivan sustancias ilícitas frente a las narices de los isleños es común. Una tónica que no se ha logrado prevenir y que, incluso, ha aumentado con el tiempo.

"Es inconcebible que chicos realicen estas prácticas frente a nuestros hogares. Ya no es solo el problema del alcohol, sino también el de la droga que genera intranquilidad entre la gente. Acá viven adultos mayores y niños que deben pasar entre medio de estos tipos que fuman y trafican", relata José Cárdenas, presidente de la Junta de Vecinos Miramar de la capital chilota, describiendo el panorama que se vive en sectores como el pasaje Luis Espinoza.

La alerta se encuentra prendida hace años, pero el combate a este flagelo parece insostenible. Por ello, se busca atacar la problemática desde el barrio. Así lo entiende el Gobierno y la Policía de Investigaciones, que pusieron en marcha el Plan Microtráfico Cero (MT-0), el que implica la implementación de 98 equipos especiales con 400 detectives en el país.

El proyecto cuya inversión general es de 5 mil 175 millones de pesos comenzó el año pasado en la Región Metropolitana, pero a partir de este año se puso en marcha blanca en Los Lagos.

De acuerdo a lo manifestado por el prefecto de la PDI en el Archipiélago, Sandro Gaete, la génesis de esta iniciativa está asociada "en las encuestas que daban cuenta que el 40 por ciento de la población menciona que el gran problema de seguridad ciudadana es el microtráfico".

INTERVENCIÓN

Bajo este escenario, la institución diseñó este programa comunal antidroga, el cual "intervendrá desde el barrio hacia lo regional. Una iniciativa que ayude a disminuir la sensación de inseguridad", apuntó el oficial.

La primera etapa del proyecto fue la selección del personal, que se realizó el 2014 con un llamado a concurso. "La idea es que postularan los detectives que trabajaran en cada comuna y conocieran los lugares que se van a intervenir", indicó el jefe policial, sumando que posteriormente se realizó una capacitación en la capital del país para luego concretar la destinación a las distintas unidades.

"La idea es que cada Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) cuente con un grupo de MT-0, integrado por cuatro funcionarios policiales. Acá tenemos en Ancud y Castro (incluye en la jurisdicción Quellón)", detalló Gaete.

Otras de las fases es el levantamiento de información, que aún se está realizando. No obstante, ya se efectuó un muestreo comunal de los puntos más complejos en cuanto a este tema.

"Con esto establecimos un mapa, conocimos los lugares con mayores denuncias y definimos el trabajo del año", aseveró el prefecto.

La marcha blanca de este plan se mantiene hasta fines de este mes. Luego se realizará la primera evaluación local, que se reiterará a los seis meses, mientras que la primera meta está fijada a los nueves meses de operatividad.

"El primer objetivo es disminuir en un 10 por ciento los lugares identificados como surtidores de microtráfico. A esa fecha tenemos que tener resultados positivos, con procedimientos efectuados y judicializados", sentenció la autoridad.

ANÁLISIS

Asimismo, este programa contempla en cada capital regional un centro de análisis, el cual recibe la información de cada comuna. Los expertos revisan los casos y chequean la existencia de redes. Si se comprueban las relaciones entre las investigaciones y los grupos de microtráficos, estos analistas son los encargados de las coordinaciones y de levantar los datos.

Las conclusiones que se puedan obtener de estos estudios de la información recopilada llegarían a las brigadas antinarcóticos, dependiendo si los casos son más complejos, ya sea en alcances, como en volúmenes de droga. Así serían estas unidades las encargadas de seguir estas indagaciones y los grupos MT-0 seguirían concentrados en su labor en los barrios.

Esa es la consigna de este plan: maximizar el contacto con las poblaciones.

Según lo consignado por el jefe de la PDI en Chiloé, "un gran valor tiene el intercambio de información con la comunidad. Tenemos el nivel 134, además garantizamos la reserva de toda persona que da cuenta información sobre este delito. No es necesario hacer denunciar formales".

Agregó que los propios detectives son los encargados de corroborar cada dato proporcionado, insistiendo que "es importante contar con el apoyo de la gente, es la única forma de llevar con éxito esta iniciativa".

El oficial recalcó que el lema del programa es "La cantidad no importa". Una frase que impulsa a la población a comprometerse, entregar antecedentes y facilitar la labor policial, todo con la meta de disminuir la sensación de inseguridad.

Esto cobra mayor valor considerando que el microtráfico está asociado a otros delitos, como ataques contra la propiedad y lesiones. Por ello, se está en medio de una delgada línea que no debe obviarse y tiene que abordarse de manera integral.

Los líderes sociales tienen muy clara esta premisa y asumen la responsabilidad de ser actores dinámicos en la lucha contra la droga.

Como manifestó Manuel Barrientos, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Esteban Antigual de la capital chilota, "es importante trabajar con todos los entes de la PDI en la prevención de droga en los sectores poblaciones de Castro. A veces nos sentimos desprotegidos en temas de microtráfico, por lo que estas iniciativas (grupo MT-0) llegan a paliar y prevenir, para mayor seguridad de los vecinos".

El dirigente se comprometió a afianzar los lazos con sus asociados para la entrega de información a estas unidades. "Siempre hemos aportado con datos con relación al tráfico o anomalías como consumo en los sectores", acotó, explicando que "la información, como la ley lo dice, es privilegiada y no es divulgable".

Eso sí, el representante de las unidades vecinales urbanas castreñas resaltó que anteriormente, los antecedentes que proporcionaron "no dieron muchos frutos porque no se investigaba". Por eso, espera que "estos nuevos datos que entreguemos se analicen a cabalidad".

En tanto, la titular de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Ancud, Adriana Gallardo, enfatizó que "los nexos con la policía se han potenciado en estos temas de drogas", añadiendo que "tenemos varios proyectos en que trabajamos con los vecinos en problemas que afectan a los jóvenes, como este flagelo de la droga".

La pobladora expresó que la problemática del microtráfico "hace rato" se encuentra posicionada en el norte de la Isla. "Esta es una materia sensible porque afecta a los niños y los jóvenes que tienen contacto con estos delincuentes que le ofrecen sustancias ilícitas ingresando a este mundo", apuntó.

Esta dinámica busca interrumpir los grupos especiales de la PDI, con el apoyo de la comunidad que de una vez por todas espera que la tranquilidad llegue a sus sectores y la droga se aleje de sus barrios. J