l Nelson Soto Asencio

El Juzgado de Letras de Ancud dio a lugar la demanda de tutela laboral interpuesta por Mario Hernández Sacaan y sentenció al municipio local a pagar una millonaria indemnización.

Hernández se desempeñó como arquitecto en diversos programas desde el 2007 al 31 de diciembre de 2010. Luego trabajó en calidad de profesional grado 11 hasta el 16 de mayo de 2011, pasando a formar parte de la planta municipal al haber ganado el concurso de grado 9.

El 7 de febrero de 2013, mediante decreto alcaldicio, se le inició un procedimiento administrativo y un sumario para investigar eventuales responsabilidades en los hechos que fueron fiscalizados por la Contraloría General de la República respecto de la ejecución de la reposición de la Feria Municipal.

Finalmente, con fecha 14 de febrero del 2014 se le aplica la medida disciplinaria de destitución del cargo. Como resultado de este sumario, el ex funcionario no pudo continuar en sus funciones en la entidad.

dictamen

En la sentencia dictaminada por el Juzgado de Letras de Ancud esta semana contra la Municipalidad de Ancud, representada por Soledad Moreno (pro DC) en su calidad de empleadora, se estableció que "incurrió en vulneración de garantía o derecho a no ser discriminado por razón de su opinión política en contra del funcionario municipal, consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y en los incisos tercero y cuarto del artículo 2º del Código del Trabajo".

Hernández explicó que esta sentencia obliga al consistorio local a reincorporarlo en su cargo de planta en calidad de titular grado 9 de la escala de remuneraciones como arquitecto dentro de la Dirección de Obras.

"Me han perseguido y acosado tanto por mi forma de pensar y también hay un menoscabo a mi trabajo y a mi persona. Esto ha sido demostrado con un montón de evidencias y por el mismo sumario que se resume como un instrumento de acoso. La sentencias es bastante lapidaria y muy bien fundada", reconoció el profesional que llegó al municipio en la administración de Federico Krüger (UDI).

Recalcó el afectado que también se sentencia a cancelar todos y cada uno de los beneficios que correspondan al cargo, tales como las remuneraciones no pagadas durante el tiempo de la separación de su trabajo, equivalentes a nueve sueldos.

Además, según la fuente, debe entregarse el monto con los reajustes e intereses que correspondan de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, todo bajo apercibimiento de multa de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales, sumándose también el pago de las costas por un valor de un millón de pesos.

"Son alrededor de entre 25 a 30 millones de pesos más menos. Esta sentencia deja bien en claro el mal actuar, la porfía de mi empleadora, la señora Soledad Moreno y su gente de confianza", acusó el profesional.

reacción

Por su parte, el abogado del consistorio ancuditano, Javier Aguirre, sostuvo que por ley los juristas no comentan los fallos judiciales. "Solo te puedo decir que no estoy de acuerdo en razón de la prueba que se rindió, ya que es de tal contundencia a favor de la municipalidad que debimos haber obtenido un fallo diferente", lamentó.

Sumó que este es un veredicto de primera instancia que tendrá que revisarse en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por la vía del recurso de nulidad y eventualmente por la Corte Suprema a través de un recurso unificación de jurisprudencia.

"Tenemos 10 días hábiles para recurrir al recurso de nulidad desde el momento que me notifican el fallo por correo electrónico. Todavía no hay nada ganado ni nada perdido en ninguna de las partes", recalcó Aguirre. J

l El concejal de la comuna de Ancud Carlos Gómez criticó que la actual administración comunal ha realizado despidos por temas políticos que afectan las arcas del consistorio.

"Es una situación preocupante porque se llamó a concurso el cargo y hoy está un nuevo profesional cumpliendo esa función. Preocupante, porque la corporación y la municipalidad han tenido que desembolsar grandes cantidades de recursos para el pago de indemnizaciones por despido mal hecho", criticó el edil.

Sumó el ex alcalde de Queilen que estos recursos que se cancelan a ex funcionarios se podrían destinar para llevar adelante iniciativas en beneficio de la comunidad.

"Me han

perseguido y

acosado tanto

por mi forma de

pensar y

también hay un

menoscabo a mi

trabajo y a mi

persona.".

Mario Hernández,