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El concejal de la comuna de Ancud y ex alcalde de Queilen, Carlos Gómez, manifestó su preocupación por lo que denunció una "serie de sanciones" aplicadas por la Superintendencia de Educación a la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, referidas fundamentalmente al cumplimiento de la Ley 20.509, referente al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

Según el edil, lo anterior involucra cuantiosos recursos económicos que afectarían necesariamente el presupuesto de la entidad comunal.

La norma establece como un deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad y equidad, entendiendo por esta última el que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de recibir la enseñanza. Entre sus principales aspectos se considera un conjunto de políticas, estándares, indicadores, evaluaciones, información pública y mecanismos de apoyo y fiscalización a los establecimientos.

detalle

Al respecto, Gómez detalló que "durante los años 2013 y 2014 la superintendencia realizó 41 procesos administrativos a la Corporación (Municipal) de Ancud, con los siguientes resultados: sobreseídos tres, amonestación 14, multas en UTM 24; analizando estos datos se puede indicar que el 92% terminaron en multas para la corporación y solo un 8% fueron sobreseídos".

En la misma línea la fuente precisó que las sanciones totales aplicadas a la entidad sostenedora en los dos años ascienden a la suma de 3.589 Unidades Tributarias Mensuales, lo que se traduce en cerca 155 millones de pesos.

Sobre las faltas en que la corporación habría incurrido, el ex decé manifestó que "esto no hace otra cosa más que reflejar la administración deficiente que existe en el sistema actual educativo de la comuna de Ancud".

En relación a las infracciones cometidas por el ente ancuditano, estas se refieren a problemas en cubiertas y techos de escuelas, servicios higiénicos insalubres o en mal estado, escaleras sin protección o condiciones de seguridad, extintores con cargas vencidas, muros y tabiques con deficiencias, profesores con licencia médica y sin reemplazo, pedagogos no titulados ejerciendo la docencia o establecimientos reubicados sin autorización de la Seremi de Educación.

Finalmente, el concejal puntualizó que "si bien es cierto todavía no están ejecutoriadas estas multas, seguramente se van a ir dando en el tiempo y esto va a provocar una vez más un decremento en el patrimonio económico de la corporación".

respuesta

Desde la entidad aludida, fue el propio secretario general, Luis Ampuero, quien salió al paso de las declaraciones del edil. "Si esos montos que él habría señalado son efectivos, creo que se alejan absolutamente de la realidad, nosotros no tenemos multas significativamente altas por el tema de la superintendencia", mencionó.

Junto con esto, el docente esgrimió que "hay procedimientos que la superintendencia puede iniciar a los cuales nosotros podemos apelar al nivel regional, pudiesen ahí bajarse los montos de las multas, pudiesen solo rebajarse a una amonestación, pudiesen no bajarse y apelar al nivel central, cosa que se ha hecho".

Asimismo, Ampuero recalcó que "yo digo categóricamente que eso que se señala de multas millonarias de más de 100 millones de pesos no es efectivo". J

Alejados de las desavenencias de antaño que incluso derivaron en movilizaciones, 124 asistentes de la educación se verán beneficiados con el acuerdo alcanzado entre sus representantes y la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud. El contrato colectivo comenzó a regir desde este 22 de abril y estará vigente por los próximos dos años.

La firma del acuerdo se realizó en la sala del concejo del municipio y participaron la alcaldesa de la comuna, Soledad Moreno; el secretario general del ente empleador, Luis Ampuero; la asesora jurídica de los trabajadores, Andrea Garrido, y los dirigentes del Sindicato Nº 1 de los Asistentes de la Educación, encabezados por su presidente, Andrés Ibáñez.

El contrato considera un reajuste de remuneraciones del 2,5 por ciento, con un 0,5 por ciento superior al de la pasada negociación. Asimismo, fija para el 2015 en $500 el aporte anual para los servicios de bienestar y mantiene los beneficios.

Ibáñez mencionó que "en este proceso hubo una madurez de ambas partes, en donde se entendió que una negociación no significa aplastar al otro, ni que uno gane y otro pierda".

Por su parte, Ampuero destacó que "los trabajadores deben tener en cuenta cual es la situación económica de una empresa entre comillas que no produce recursos, las corporaciones municipales viven de las subvenciones escolares". J