Señor Director:

Durante las últimas semanas nos han invadido declaraciones de personeros públicos refiriéndose al cambio climático y a la problemática país respecto a la llamada sequía, la cual está teniendo severas consecuencias en la actividad agrícola, en consumo humano y producción de energía. Los alarmistas y enemigos de la libertad señalan que se debe condenar económicamente a quienes excedan gasto promedio de agua (como si éste fuese fijo), cobrándoles un nuevo impuesto especial -agobiando una vez más a los contribuyentes - que sirva para difundir y educar respecto al cuidado del agua, limitando a las empresas la utilización de agua potable en su proceso productivo, medidas que acabarían perjudicando mayoritariamente a las personas de menores ingresos.

La creciente demanda eléctrica en el SIC, con una tasa de crecimiento de 7%, la falta de diversificación en la oferta de la matriz energética, donde el Estado más que un contribuidor está favoreciendo la creación de oligopolios, y por otro lado la ceguera cortoplacista de los ciudadanos que demandan subsidios para amortizar las alzas en las cuentas de luz donde las familias pagarán precios mentirosos, generando presiones inflacionarias.

Chile importa un 72% de recursos energéticos como: petróleo, gas y carbón, ignorando que cerca del 80% del agua del ciclo hidrológico está regresando a nuestro océano sin utilizar en su totalidad la energía potencial que brinda nuestra cordillera. Destaca que una de las energías más baratas en costo de producción es la hidroeléctrica, por ello Noruega tiene copada su capacidad llegando a cerca del 100% de producción según EIA International Energy Annual, mientras Chile -con todo el potencial- se encuentra entre el 45% en hidroelectricidad de la producción total, siendo ésta energía sustentable, competitiva y soberana que permite la generación de empleos directos e indirectos, aumentar la conectividad y ser una semilla de fomento al turismo en localidades.

Es lamentable que debates como éstos estén actualmente ideologizados y con soberbia el gobierno desee consagrar el agua como derecho social, creyendo que asegurará la disponibilidad de este recurso para el consumo humano, obviando la naturaleza misma del bien. Asoman como alternativas: plantas desalinizadoras de agua de mar, reparar infraestructura para el almacenamiento del agua, catastro y gestión de aguas subterráneas, plan de canales de regadío, captación de aguas lluvias.

En definitiva, si no se vela por incentivar la construcción de infraestructura de almacenamiento como embalses, sistemas de conducción para el transporte de agua desde regiones con excedente hacia las de déficit y otras formas de generación como mini-hidro o nuclear, terminaremos en un país donde los grupos de presión medioambiental agotarán la energía frenando mejoras en la calidad de vida, creación de empleo, y crecimiento.