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"En ningún momento esta medida afecta el cronograma trazado para estos dos inversiones en materia de salud". Estas declaraciones fueron vertidas por el director (s) del Servicio de Salud Chiloé, Ramón Rebolledo, al referirse a la medida de embargo de una cuenta bancaria emanada desde el Juzgado de Letras de Castro.
La posición del organismo del Minsal en la provincia surge ante los trámites legales emprendidos por la empresa Ingeniería y Construcción DyD Limitada cuando en octubre de 2014 presentó una acción judicial.
En esta oportunidad la firma demandó el cumplimiento del contrato celebrado en su momento, como así también el pago de dos facturas por el orden de los 28 millones de pesos por concepto de prestación de servicios asesores de los estudios y diseños de los proyectos de normalización de los hospitales de Ancud y Quellón.
Frente a las acciones legales que se tratan en el tribunal letrado, el personero señaló que "la voluntad del servicio ha sido siempre llegar a acuerdos dentro de los márgenes que nosotros podemos, estamos acá para cuidar el patrimonio público, cuidar cada peso que se invierta acá y hacerlo con absoluta transparencia".
Admitió el funcionario que "incomoda siempre tener dificultades, pero el hecho de que esto afecte el normal desarrollo de proyectos de inversión y de normalización, en absoluto".
En el organismo sanitario se precisó también que "el contrato no fue terminado de forma unilateral, hubo un período en que se negoció su continuidad bajo ciertas condiciones, ya que el anterior adolecía de deficiencias, o la liquidación del contrato pagando lo que se había efectuado de forma eficiente".
Rebolledo enfatizó que "ante la necesidad de subsanar las deficiencias que existían en los contratos tuvimos que proponer modificarlo, situación que no fue aceptada por la empresa".
Al respecto, se argumentó que "no se han pagado los servicios, no por capricho de las autoridades del Servicio (de Salud Chiloé), sino porque tales servicios fueron prestados de forme deficiente y, por tanto, en atención a la obligación de custodiar los recursos fiscales no se puede pagar".
empresa
Por su parte, el abogado de DyD, Rodrigo Sacaan, sostuvo que en este escenario legal se procedió en días pasados a embargar una de las cuentas corrientes del S.S. Chiloé, siendo la vía que se busca para acceder al pago de los 28 millones de pesos que adeuda este ente.
El jurista arguyó que en este trámite se logró el embargo de 5 millones de pesos en una cuenta bancaria, añadiendo que "estamos habilitados para embargar no solo los dineros, sino también los bienes del servicio".
Sostuvo Sacaan que "la intención nuestra no es causarle perjuicio al servicio, lo que nosotros queremos es sentarnos a una mesa, negociar y que nos paguen lo que nos corresponde".
A este escenario que afecta a esta instancia del Minsal en el Archipiélago se agrega una boleta de garantía que en octubre del año pasado cobró a DyD por una suma de 3 millones 600 mil pesos.
El demandante enfatizó que "ellos, el servicio, no nos ha rendido cuenta de los dineros de esta garantía, por lo tanto, estamos estudiando la posibilidad de presentar una querella criminal en contra de quien resulte responsable de esta apropiación de dineros".
carteras
En forma paralela a las acciones legales que se tratan en el Juzgado de Letras de Castro es que desde el S.S. Chiloé se anticipó que el próximo lunes será presentado ante el Ministerio de Salud el proyecto de normalización del Hospital San Carlos de Ancud al Ministerio de Desarrollo Social.
La diligencia apunta a que la anunciada obra obtenga la recomendación técnica por parte de esta cartera, lo que es uno de los pasos esperados principalmente por los grupos sociales a favor de un nuevo recinto asistencial para el norte de la Isla. J