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Pocas personas en la provincia y la región pueden conocer más de cerca la problemática de la vulneración grave a los niños como Marta Andrade. La directora del Programa de Reparación en Maltrato (PRM) Millantuy, que tiene su sede en Castro, por más de 12 años ha liderado la iniciativa que se convierte en casi la única alternativa en el plano local para ir en ayuda profesional e integral a los infantes.

Considerando solo una pincelada, en los últimos cuatro años y medio, esta institución dependiente de la Fundación Ciudad del Niño que colabora con el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha atendido cerca de 400 casos. Una cifra que deja de manifiesto el fenómeno socio-delictivo que azota el territorio insular.

impacto legal

Con su experiencia, la trabajadora social reconoce que la demanda ha ido en franco progreso durante el tiempo. Eso sí, "no porque existan ahora más casos de maltratos graves o abusos sexuales infantiles", se apura en indicar, explicando que se han visualizado y judicializado más estos hechos con la aparición de la Reforma Procesal Penal y la Ley N°19.968 que creó los tribunales de familia.

"Una vez que se activaron estos marcos legales se potenció la denuncia. Y con mayor presencia en la comunidad y una red de asistencia más estable empezaron a aparecer los casos. Ahora existe más conciencia que el abuso sexual y el maltrato grave es un delito, las instituciones también nos hacemos cargo de trabajar en la prevención, focalización de los derechos del niño y sensibilizar a la comunidad", aclara la profesional.

- Porque es difícil intervenir en la familia. En alrededor del 85 por ciento de los casos el agresor es intrafamiliar, lo que sumado al contexto geográfico y cultural, lleva a no evidenciar el delito. No se ve al niño como víctima y tampoco emerge un adulto que notifique esto, más en sectores rurales e insulares, donde está naturalizado el tema del maltrato y abuso, donde se ha trasladado una víctima de generación en generación. En los estratos más altos tampoco quieren verse expuestos a una situación judicial y quieren proteger a los adultos y sacrifican a los niños y no denuncian o no le dan credibilidad.

-Cualquier funcionario público está obligado a denunciar. Igual cuesta. Ahora se están haciendo cargo, las instituciones si no denuncian directamente, coordinan o buscan información o derivación.

-Sí, y la campaña "No enmudecer" busca esto. Se busca hacer visible el problema, devolverle el problema a la comunidad. Esto no es un fenómeno que atañe solo a las instituciones que trabajamos con niño o las policías, Fiscalía o tribunales, es de todos; lo que pase con nuestros niños es nuestra responsabilidad. El mundo adulto debe cuidar a los niños. Acá se busca sensibilizar a las familias, ya que los niños no son exclusivos de ellas, están sujetos a derecho y deben ser protegidos por todo el Estado.

-Cuando empezaron estos proyectos el énfasis era el niño como víctima, con su reparación sicológica o atención clínica. No había atención familiar. Eso se ha cambiado, se ha visto que en el abuso sexual el niño no es la única víctima, sino que es una dinámica que se da al interior de la familia, involucra crisis dentro de la familia, por lo que debe verse un todo desde un enfoque más sistémico. Hemos tomado una mirada sicosocial, con duplas de profesionales e intervención de la familia, a la par de la reparación con el niño. No podemos trabajar de forma aislada, ya que no lograremos cambiar la dinámica y el maltrato o abuso se puede volver a dar.

-Estamos en proceso. A veces hacemos las denuncias y nos lavamos las manos. Pero qué pasa en el contexto social inmediato, hay que trabajar todavía, hay situaciones extremas en que al niño lo siguen viendo como víctima, lo marginan, o lo ponen dentro de una burbuja, lo sobreprotegen. Hay que saber que es un niño normal, que debe seguir su vida, que sufrió una experiencia traumática, pero sabe salir adelante. Acá hay que adecuar a la familia, el contexto escolar, los amigos, para ver al niño con normalidad. No ha dejado de ser niño tras ser abusado.

Es difícil lograr cambios. Y no solo en la Isla. Cuando realizamos encuentros de estos proyectos a nivel nacional nos encontramos con las mismas dificultades. De hecho, que estemos trabajando en prevención comunitaria también nos planteamos la reparación comunitaria, que no solo significa reparar al niño, sino también su contexto. Ello, porque el abuso genera una crisis no solo en el menor o en la casa, sino también en su entorno inmediato. Ejemplo, un abuso en un colegio y la dinámica ya es distinta, hay que reparar las confianzas de la comunidad.

-Se ha fortalecido la red en educación y salud, hay duplas sicociales, en salud un programa en prevención, está la OPD y otras redes comunitarias que están trabajando en el tema. Es un proceso, un camino, hay que estar trabajando siempre en esto, no podemos dejar de intervenir.

VICTIMIZACIÓN

Marta Andrade no oculta las barreras que han debido superar para dar la mejor atención a los menores. Falta de cobertura, tenazas culturales, trabas geográficas son algunos de los problemas. Sin embargo, existe una dificultad muy compleja de atender y que choca con la necesidad de visualización del fenómeno: la victimización.

-Se observa en los medios el morbo, el impacto, el tratamiento detallado. ¡A quién le sirve! Con esto exponemos al niño. Pese a no poner el nombre o el rostro del menor, al escuchar la noticia o leerla se va a sentir identificado.

-Primero, abordando el tema por el adulto, las instituciones deben conocer el problema no a través del niño víctima, sino por medio de la dinámica del abuso donde también los adultos somos parte. Que las instituciones nos hagamos cargo de los problemas que tenemos.

-Sería importante confrontar instituciones y autoridades para saber qué están haciendo o cómo participan para que la infancia sea más visible y protegida. Hay un proyecto de ley que tiene que ver con el sistema de protección a la infancia. Hay que saber qué opinan nuestros políticos, saber si se reúnen con las organizaciones sociales o con los programas del Sename. Conocer si un político se ha reunido a preguntar...

-No. Entonces hay que hacernos cargo. En los municipios, preguntar cómo trabajamos en la infancia. Y nos dicen, está la OPD, pero este es un organismo. Hay que hacernos cargo, si tengo injerencia social en las decisiones de la comunidad, también hay que proteger a la infancia, pero ella siempre queda relegada porque no tiene derecho, no hace manifestaciones, no tendrá petitorio social, siempre queda relegada.

-Cada actividad de la campaña busca llegar a más personas, comunas, actores sociales, aunque sea repetitivo el discurso, pero hay que hacerlo presente. Ha tenido un efecto positivo, cada vez se suman más actores. Cada charla, seminario, taller u operativo se va conectando con una persona que va replicando el mensaje. Es un trabajo de largo aliento. Uno no va a cambiar una institución, que está conformada por personas, son ellas las que debemos movilizarnos y la persona debe conectarse. Es un trabajo en cadena y en red.

-Hay más sensibilidad, la campaña ya se reconoce en la Isla, hay más agentes que participan, hay un avance, pero hay mucho más que hacer. J