Ancud dice no al trabajo infantil
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Una salida por la vía notarial permitió la restitución de millonarios recursos económicos por la adquisición de una concesión acuícola efectuada por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Quinchao.
Bajo la figura de resciliación de compraventa, la entidad que preside el alcalde Santiago Torres anuló la compra de 2,44 hectáreas de una porción de agua y suelo marino adquirida en enero de 2014 en el sector Estero Quinchao a su hermano Guillermo Torres.
En aquella oportunidad la institución municipal pactó el pago por el orden de los 12 millones de pesos por la concesión para destinarla a la práctica profesional de los estudiantes de la especialidad de Acuicultura que dicta el Liceo Insular de Achao.
Tal situación derivó en una denuncia por parte de cinco concejales ante la Contraloría Regional de Los Lagos por tratarse de una práctica que estaría atentando contra la probidad administrativa.
Santiago Torres, alcalde cercano al PS, confirmó la realización de esta operación que se remonta al 4 de junio pasado en la oficina de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Achao.
Explicó el jefe comunal que la diligencia "la hizo el liceo con Guillermo Torres, ahora como el Liceo Insular no tiene personalidad jurídica allí pasa a ser la corporación quien firma". El documento legal avaló la firma de ambos hermanos, confirmándose el retorno de 8 millones de pesos a las arcas fiscales de la corporación quinchaína.
Una vez más el político colocó énfasis en el fin educacional que, a su juicio, tendría la transacción que recién fue conocida por la opinión pública en las últimas semanas. Torres explicó que "la mejor intención era ayudar a los niños, son ellos quienes tienen que hacer sus clases y si no tienen agua ¿dónde van a aprender a bucear? ¿Dónde van a cultivar los choritos?".
RAZóN
José Vivar, concejal del Partido Radical Social Demócrata y quien acusó primeramente el caso, reveló a este respeto "que cuando hicimos la denuncia pública hace unos quince días, esto a nosotros nos da la razón en el sentido de que si yo estoy seguro que no he cometido irregularidad alguna, no tengo por qué hacer una resciliación de un contrato y restituir los recursos".
Añadió que el "alcalde está reconociendo que cometió un error y a raíz de aquello le pide a su hermano que restituya los recursos y anulen el negocio".
El caso fue ingresado el 9 de junio tanto a la Contraloría Regional de Los Lagos como al Consejo de Defensa del Estado. La medida fue apoyada por cinco de los seis concejales quinchaínos para que sea aclarada esta materia. Además, el diputado Alejandro Santana (RN) recurrió días antes a la Contraloría General de la República por el mismo caso. J