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Cuatro funcionarios de Carabineros fueron dados de baja y quedaron en prisión preventiva ayer, tras seis meses de investigación en la Fiscalía Metropolitana Sur que los vincula con una banda dedicada al robo de entidades que manejan dinero. Los imputados son los cabos Álvaro Castillo, Giovanni Segel y Celso Concha, y el sargento Paulo Vásquez.
El grupo fue formalizado bajo los cargos de robo con intimidación, robo en lugar no habitado, cohecho y porte ilegal de munición, porque supuestamente no actuaba cuando los delitos se estaban cometiendo, y luego recibía una parte del botín de los delincuentes.
"Se tomó la decisión sobre la base de esta certeza administrativa de darlos de baja y colocarlos a disposición de un tribunal, para establecer el grado de involucramiento y participación en los hechos que se están investigando", explicó temprano el coronel Mario Rozas, jefe de comunicaciones sociales de Carabineros.
Tanto el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, como el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, respaldaron la decisión. El primero destacó el "actuar decidido del mando de apartar de sus filas a quienes no están cumpliendo con el deber y el mandato que tienen (...). Nos parece que Carabineros merece el mayor de los respetos y el mayor de los respaldos". Añadió que la probidad de esta institución es un "activo" del país que hay que cuidar.
Aleuy recalcó el rápido actuar del alto mando e informó que los funcionarios involucrados quedaron en manos del Ministerio Público y tribunales, para que se tomen las medidas correspondientes.
Parte de las pruebas presentadas en la audiencia fueron escuchas telefónicas de los involucrados, lo que para la defensa no era suficiente.
La investigación tendrá 120 días de plazo, y se fijó una nueva audiencia el 20 de julio para que los cuatro declaren ante el tribunal.
Carabineros también tuvo que enfrentar la desvinculación de la institución de dos funcionarios más: el capitán de la cuarta comisaría de Quillota, Pablo Olivares, y un suboficial de Santiago. Estos estarían presuntamente involucrados en una red de tráfico de drogas que trabaja entre Chile y Argentina.
El coronel Mario Rozas afirmó que existía una "certeza administrativa que hay una vinculación entre los presuntos y los hechos investigados". J
