Con el objeto de marcar presencia y redoblar los patrullajes la Armada prendió la alerta por la presencia de unos 20 pesqueros chinos que se encuentran en tránsito en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional. Un operativo en el que participa la LSG Chiloé, surcando el área del golfo de Penas en dirección a sectores de pesca del calamar gigante, donde se detectó a la flota extranjera.

Dos denuncias se recibieron en los últimos días por este caso, ante lo cual la Quinta Zona Naval dispuso el zarpe de las unidades para verificar el paso de estas embarcaciones dentro de las 200 millas marinas restringidas. Incluso, como se informó, los buques foráneos han sido vistos utilizando luz artificial en sus cubiertas para atraer recursos como el jurel.

La fiscalización incluye junto a la lancha que tiene puerto base a Castro, al patrullero de zona marítima 81 Piloto Pardo, un avión de aeroexploración marítima y un helicóptero Dauphin. Además a bordo del Piloto Pardo se embarcó al Grupo de Reacción Inmediata de la Armada, especializado en este tipo de operaciones de registro y abordaje.

Tal como explicó el jefe de estado mayor de la Quinta Zona Naval, Germán Toledo, se confirmó la detección de esta flota con rumbo al norte, existiendo dos grupos definidos.

"No es extraña la presencia de la flota china. Existen dos agrupaciones detectadas, una de siete pesqueros al sur de la boca del Guafo, como a 70 millas de costa, y otra más al sur", aclaró el capitán de navío, agregando que hasta el momento no se ha notificado algún delito por parte de estas naves. J

En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se realizaron los alegatos producto del recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía de Castro, con motivo de la absolución de tres sujetos acusados de traficar casi medio kilo de cocaína. Un operativo realizado por el OS-7 que se concentró en el sector de Mocopulli y que terminó con tres detenidos, quienes arriesgaban más de 10 años de cárcel.

Tal como expresó el defensor Filippo Corvalán, dentro de este caso "se cometieron numerosas infracciones de garantías constitucionales, las cuales se expusieron en el tribunal de alzada para confirmar la resolución inicial".

Para el 27 de julio quedó fijada la decisión de los ministros con respecto al requerimiento del persecutor que espera un nuevo juicio contra los jóvenes que permanecieron privados de libertad casi 10 meses, tras su detención en agosto del año pasado. J

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Diligencias pendientes por parte de la defensa del imputado, como también la ausencia del fiscal de la causa que se encuentra de vacaciones, impidieron que ayer se realizara la preparación de juicio oral (PJO) por el accidente registrado en pleno centro de Castro que dejó tres víctimas fatales. Un caso que se encuentra en fases decisivas y por el cual se invocó una pena de 18 años de cárcel contra el acusado.

En el Juzgado de Garantía castreño estaba programada la audiencia que se transformaría en la antesala del juicio que determinará el grado de responsabilidad y las penas contra el conductor del todoterreno que provocó la tragedia.

El joven de iniciales N.F.V.C. (21) manejaba contra el tránsito la madrugada del 10 de agosto del 2014 por calle San Martín, gatillando la colisión y posterior atropello que causó la muerte de Juan Ancao Vásquez (35) y la pareja de hermanos: Yerson Torres Paredes (17) y Miguel Ángel Vásquez Paredes (27). Además, resultó gravemente herido el profesor Eduardo Díaz Caicheo (34).

Para el 29 de julio quedó programada la sesión judicial que permitirá fijar la prueba que se utilizará para analizar el hecho.

prórroga

Tal como expuso este miércoles la fiscal Karen Rosas, con esta prórroga "el fiscal titular podrá abordar la causa"; mientras que el defensor Claudio Herrera explicó que "existen diligencias por realizar", solicitando también que este aplazamiento no sea tan prolongado, "considerando que el imputado está privado de libertad".

Eso sí, como apuntó el defensor Nelson Troncoso, quien representa oficialmente al isleño que permanece en la cárcel por este accidente, el fondo de la suspensión del PJO se centra por varias pesquisas que faltan antes de emprender el camino final dentro de este bullado caso.

"Necesitamos aún ubicar algunos antecedentes", esbozó el profesional, sumando que dentro de este abanico de evidencias se encuentra un informe sicológico, como afinar la declaración de algunos testigos.

PENAS

En la acusación formalizada por el fiscal Javier Calisto se solicitó una pena de 10 años de reclusión contra el joven por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de tres muertes, lesiones graves y daños, como también una multa de 10 UTM y la inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados. Una serie de cargos fundamentados en los dramáticos hechos y la prueba reunida, como el informe de alcoholemia que marcó 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre (el Intoxilyzer arrojó 1,20).

A su vez, el persecutor invocó otros 3 años de presidio por denegación de auxilio y otros 5 años por receptación de vehículo motorizado. En total, 18 años de cárcel.

Para la defensa el quántum parece "excesivo" y resaltó que esta serie de cargos no se sustentan, centrándose en la tesis de un concurso ideal de ilícitos. "No se trata de tres hechos por separado, sino de un solo delito", acotó Nelson Troncoso.

A su vez, el abogado adelantó que irá por la absolución en la negativa de asistencia, recalcando que "se quedó en el lugar y ayudó por lo menos a una de las víctimas". Incluso, solicitará el concurso de la colaboración sustancial agregando que prestó declaración en los albores de la causa. J