El general en retiro del Ejército, Manuel Contreras, continuaba ayer internado con riesgo vital en el Hospital Militar, mientras el presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que debido a los más de 529 años de cárcel que pesan sobre el ex director de la DINA por violaciones a los derechos humanos, este no debería morir como un oficial del Ejército.

"Manuel Contreras no debería morir como general (...). Uno quisiera que no muriera como general", dijo a radio Futuro. El senador agregó que "suena violento" que no se le quite el grado a una persona que "no lo merece".

Ayer el diputado de la misma colectividad, Jorge Ulloa, y amigo del general, aseguró al diario El Sur que en caso de morir, "Mamo" Contreras debe recibir un adiós con honores, pues "por más que a alguien no le guste".

El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo que "no corresponden honores a aquel individuo que ha sido condenado a delitos que merezcan pena aflictiva". J

En estado grave permanecía ayer Pablo Ramírez Arias (33), cajero que atendía un Servipag en un supermercado en Hualpén, en el Bío Bío, y que fue quemado el miércoles por unos sujetos tras negarse a entregarles el dinero del local.

Los delincuentes llegaron a las 19 horas y exigieron el dinero, pero como el cajero se negó, sacaron una botella con bencina, le lanzaron el combustible por la ventanilla y lo prendieron. Tras ello, escaparon sin el botín.

Ramírez permanecía en el Hospital Clínico del Sur con el 52% de su cuerpo herido, y con las vías respiratorias comprometidas.

Carabineros detuvo a dos hermanos, de 27 y 17 años, como presuntos autores. El mayor tenía trece causas por hurto y atracos, mientras que el adolescente una orden de detención pendiente por un robo con intimidación en 2013. El fiscal José Orella los formalizó por robo con homicidio frustrado, sin embargo, la jueza Mariángela Thiele desechó la prisión preventiva. J

Nicole Otazo

El Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch), que agrupa a los 25 planteles tradicionales del país, le entregó ayer una propuesta con siete ejes al Ministerio de Educación para fijar la anunciada reforma al sector, incluida la gratuidad del sistema.

Su vicepresidente ejecutivo, Aldo Valle, dijo que para una educación gratuita universal antes se deben crear políticas que fiscalicen y pongan condiciones como la rendición de cuentas, transparencia total, estándares de calidad y una revisión eficaz del lucro.

"Cuando no se puede distinguir con claridad entre la inmobiliaria y la corporación universitaria, me parece a mí que el Estado está impedido moralmente de transferir recursos", dijo el rector de la Universidad de Valparaíso.

El Mineduc anunció que la gratuidad partirá el 2016 para el 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Cruch, lo que financiará a través de la ley de presupuestos mientras tramita una ley que reforme el sector y defina un marco y gradualidad.

El Consorcio de Universidades Privadas (CUP) solicitó esta semana al Gobierno que lo extienda para todo tipo de instituciones, partiendo por el 40% más vulnerable.

Valle catalogó que es "irresponsable ampliarlo si no se establecen condiciones".

Hoy el 26,3% de las instituciones de educación superior pertenecen al Cruch y un 29,5% son privadas al margen de este organismo. Además, un 10,4% de los establecimientos no tiene ninguna de sus carreras acreditadas, según el Consejo Nacional de Educación (CNED).

Valle criticó que la acreditación fuese optativa. "El Estado debe exigir una cierta calidad de educación", dijo.

La ministra Adriana Delpiano valoró las propuestas del Cruch, a las que destacó como las que "tienen una historia de compromiso con el desarrollo del país" y que "se han ganado, a lo largo de los años, el respeto de la sociedad".

La autoridad aseguró que el proyecto de ley de reforma propondrá un nuevo sistema de acreditación. "Es tarea del Estado garantizar y ser garante de esta calidad", añadió la jefa del Mineduc. J