Señor Director:

La semana pasada llamó al análisis y también a la mesura cuando se trata de entregar mensajes claros y responsables a un país que requiere precisamente de certezas. Porque reimpulsar el diálogo social para materializar transformaciones demandadas por la ciudadanía no solo es responsabilidad de un Gobierno, o de una coalición de partidos, o de un lado o de otro. En esta tarea existe una corresponsabilidad, un rol que deben asumir los líderes políticos, sociales, económicos, de opinión, la sociedad civil, en la idea de moderar el necesario debate que hoy vive este Chile que enfrenta bajo crecimiento económico pero que pese a ello, tiene el desafío de cumplir con un programa y con las personas que confían en mejorar su calidad de vida desde el desarrollo inclusivo.

Se trata de un Gobierno para todos y todas, no para algunos, que busca fortalecer la protección social y a la vez materializar cambios estructurales que logren romper con la desigualdad acrecentada por un modelo que acomoda y que tiene grandes defensores. El que "cada cual se rasque con sus propias uñas" ya no resiste como molde de exclusión; se requiere avanzar en un trabajo colectivo que empareje la cancha y potencie políticas públicas que fortalezcan capacidades y talentos pese a las dificultades que involucra romper paradigmas.

Y para ello se apela a la empatía social, ese necesario respeto a la diversidad a la hora de hacer balances y crítica política; más aún si se ha sido gobernante y hoy se es oposición.

Esta semana, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha marcado con nuevos hechos que su administración no renunciará a las reformas educacional, laboral, tributaria, mandatadas por la ciudadanía, pero a la vez, sigue trabajando firme por mejorar en lo cotidiano la calidad de vida de los chilenos. Se puede caminar y despejar las ramas del bosque -al mismo tiempo- cuando hay convicción y responsabilidad para hacerlo. Más aún, cuando para combatir la desigualdad el respeto a los derechos humanos es condición fundamental.

En el Día del Campesino, el Gobierno anunció para septiembre el envío al Congreso del estatuto que regule el trabajo de los y las temporeras; suscribió con la Sofofa un convenio para facilitar la generación y ejecución de políticas y programas de desarrollo productivo que tengan mayor impacto en las regiones; y a la vez, el Ministerio de Salud planteó que busca un fondo inter-isapre para que se puedan compartir los riesgos sin que el afiliado sea discriminado por contar con alguna enfermedad. En nuestra región, cuatro ministros desarrollaron agenda y trajeron buenas noticias y resultados a una comunidad diversa que confía en la acción del Estado: el de Economía, Luis Felipe Céspedes, entregó apoyos para el emprendimiento en Ensenada; la de Vivienda, Paulina Saball, encabezó la ceremonia de entrega subsidios en Puerto Varas y generó diálogo con vecinos de Alerce; Ximena Rincón estableció lineamientos y una mesa tripartita en el área del Trabajo, y Víctor Osorio hizo entrega de más 300 títulos de dominio a los habitantes de Chiloé.

Por estos días el Gobierno no solo ha llamado a romper pactos de silencio y buscar verdad en materia de derechos humanos. La Presidenta Bachelet ha reiterado su compromiso de adoptar una política explícita e integral en derechos humanos en la búsqueda del reencuentro "con lo que verdaderamente somos: un país de hermanos, donde los la libertad, la igualdad, la justicia y la fraternidad se viven cotidianamente y orientan nuestras acciones en el trabajo, en la convivencia, en la acción política, en la imaginación de un futuro compartido".

Y ante esta declaración de principios, a esta convocatoria amplia, ¿quién podría negarse? Es cosa de empatía social.