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Formalizan a chilota por millonarios cobros ilegales

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Pedro Bárcena González

Acompañada de familiares y de su abogado particular, hermética, como intentó ocultar los casos, se presentó en el Juzgado de Garantía de Castro durante la jornada de ayer la exfuncionaria del Ministerio de Bienes Nacionales sindicada como la responsable de engañar a cientos de chilotes solicitando cobros indebidos para ciertas tramitaciones.

La mujer de iniciales S.V.C.O. fue formalizada por el delito de exacciones ilegales, después de una segunda audiencia en una causa que tuvo un largo preámbulo desjudicializado, en especial, por los pericias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt.

En la sesión judicial, encabezada por la magistrada Alejandra Varas, se le comunicó a la imputada el inicio de la investigación en su contra, la cual se prolongará por 90 días.

Así lo especificó la fiscal Karen Rosas, añadiendo que la figura legal impuesta está enfocada en "el desempeño en un cargo público y cobro de derechos por trámites en que no proceden estos cobros".

La persecutora enfatizó que como cautelares se impusieron "el arraigo nacional y la firma periódica en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt", ciudad donde tiene hoy domicilio luego de irse de la capital insular.

La abogada especificó que este ilícito no contempla penas privativas de libertad y se centran en la inhabilidad de cargos públicos y multas. No obstante, aclaró que con el avance de la indagatoria no solo se pueden añadir más víctimas y reformalizar, sino que pueden aparecer otras figuras delictivas más gravosas.

Hasta la fecha y como lo especificó el propio delegado provincial de Bienes Nacionales, Arístides Cárdenas, existen 131 usuarios afectados, llegando la cifra total de dineros cuestionados a los 10 millones de pesos.

modus operandi

El propio personero detalló la forma en que se engañaba a la gente.

"(La mujer) Realizaba trámites de ingreso de una solicitud de regularización de un título fiscal. Lo primero que se efectúa después de recibir toda la documentación conforme es una verificación a domicilio. Esa es la idea. Después de ese informe técnico se pasa a un informe jurídico para ver si corresponde la tramitación. Estas dos instancias se las saltaba y se iba al tiro al cobro", acotó.

Los dineros fluctúan entre los 54.400 pesos y los $467 mil, de acuerdo a la ficha protección social. En el servicio se entrega un cupón de pago y el propio usuario se encarga de cancelar en el banco. Sin embargo, en ese instante aparecía la generosidad de esta trabajadora.

"Ella qué hacía, le decía a la gente usted no vaya al banco me da la plata y yo voy a pagar", aseveró Cárdenas, reconociendo este mal actuar y el daño generado por el mismo a la imagen de la repartición. "Ha sido muy duro, pero tenemos que poner el pecho, dar explicaciones, dar la cara", añadió.

Es más, el propio delegado chilote confirmó que el ministro del ramo, Víctor Osorio, está en conocimiento del caso y que en su paso por la provincia el viernes recién pasado conoció más detalles del hecho. Todo ello, considerando que el sumario interno que se sigue está en su última fase, correspondiéndole al secretario de Estado firmar la resolución final.

A su vez, como una nueva instancia procesal, se ofició al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte de una causa cuyos alcances pueden ser más gravosos. J

Pronto saldrá la resolución del sumario, cuyas sanciones, como especificó Arístides Cárdenas, pueden fluctuar desde "la prohibición absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación por un tiempo, sanción o amonestación". Además, recalcó que de esta investigación "se pueden generar antecedentes de otros delitos como falsificación de firmas, estafas o apropiación indebida". Datos que pueden ser remitidos a la Fiscalía.

Preso queda joven que provocó mortal accidente carretero en sector Lliuco

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A cinco días del mortal accidente registrado en el sector de Lliuco, comuna de Quemchi, fue formalizado el joven sindicado como el responsable del siniestro en que falleció Mario Cárdenas Álvarez (56).

En el Juzgado de Garantía de Ancud se realizó ayer la audiencia contra el imputado de iniciales C.R.P.O. (30), quien ya contaba con antecedentes penales. En el Tribunal Oral en lo Penal de Castro fue condenado a 3 años de arresto domiciliario nocturno por conducir en estado de ebriedad y sin licencia; mientras que en el Juzgado de Garantía de Ancud fue sentenciado a 200 días de pena remitida por otro manejo en condición etílica.

De acuerdo a lo expresado por el Jorge Raddatz, esta persona se encontraba interna en el Hospital San Carlos de Ancud por las lesiones que sufrió en la misma colisión y estaba bajo custodia policial. Tras ser dado de alta el lunes se solicitó una orden de detención en su contra.

"Fue formalizado por manejo en estado de ebriedad causando muerte y lesiones graves. Además por manejar con licencia cancelada por resolución judicial, justamente por otros delitos de manejo en estado de ebriedad, dándose 60 días de plazo para la investigación", dijo el persecutor.

El imputado quedó en prisión preventiva por constituir un peligro para la sociedad, en especial, por su abultado prontuario con delitos de la misma naturaleza.

Asimismo, el abogado indicó que el imputado fue sometido a la prueba de alcoholemia correspondiente y se arriesga a una pena de presidio alta, la que podría llegar a 5 años y un día.

informe

Puntualizó Raddatz que todavía está a la espera del informe de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT), cuyo personal realizó los peritajes en el sitio del siniestro vehicular, pero que aún tardará porque se requiere de más antecedentes del fatal hecho, registrado en el kilómetro 32 de la Ruta W-15, donde el auto guiado por el imputado salió del eje central de la calzada para impactar la máquina conducida por la víctima. J