Señor Director:

La Corte de La Haya anunció que entregará su fallo sobre la excepción preliminar de incompetencia presentada por Chile el próximo 24 de septiembre. Resolverá exclusivamente este punto y no el tema de fondo, en que Bolivia nos ha demandado para que la Corte nos obligue a negociar, de buena fe, una salida soberana al Pacífico. El juicio principal se encuentra suspendido, hasta que decida, preliminarmente, si es o no competente. Lo hará teniendo en cuenta su estatuto y su reglamento, luego de un juicio previo, en que las partes presentaron, oportunamente, sus argumentos escritos: memoria chilena, contramemoria boliviana, réplica de Chile y dúplica boliviana; más los respectivos alegatos orales. Todas estas etapas se desarrollaron en plazos determinados.

Este anuncio significa que el tribunal, internamente, ya ha llegado a una decisión entre los 14 jueces (son 15 pero uno de ellos se autoexcluyó, por haber asesorado a Chile en el pasado), más los dos jueces ad hoc, de Chile y Bolivia. Es un plazo breve, comparado con otros casos. Como en todo fallo internacional, caben variadas alternativas.

Podría declararse totalmente incompetente para conocer el juicio principal. En tal caso, Bolivia -que ya presentó su memoria (demanda escrita) contra Chile- no podrá proseguir con el pleito, y todo concluye sin que la Corte conozca más del asunto. Lo que Chile alega.

También puede declararse competente para conocer las materias del juicio de fondo, el que debería continuar con la contramemoria chilena, réplica, dúplica y alegatos orales, en nuevas fechas futuras. Lo que Bolivia desea.

Ambas situaciones no parecen probables, pues son el todo o nada. O bien, puede decidir postergar toda decisión de incompetencia, a resolverla como primer asunto, pero una vez que dicte la sentencia definitiva. El juicio continuaría y habría que determinar cuándo Chile presenta su contramemoria, seguida por las réplicas y los alegatos orales. Si así fuese, el juicio duraría varios años más. Tampoco hay plazos obligatorios para sentenciar.

Todas estas posibilidades tendrían consecuencias importantes, tanto en el ámbito jurídico como político. Si se decide por la incompetencia, Chile obtiene un triunfo y Bolivia se lleva su memoria a la casa. Si decide lo contrario, Chile entra en el juicio propiamente tal y Bolivia clamará victoria. Si lo posterga junto al fallo final, habrá que seguir con el caso y Bolivia obtiene únicamente eso, no el fallo final. La jurisprudencia de la Corte sobre incompetencias se encuentra dividida, en iguales proporciones, y no es posible priorizar una tendencia sobre otra.

Sin embargo, todavía caben más alternativas intermedias. Por ejemplo, el que la Corte se declare incompetente solo en parte, dejando fuera todas las veces en que Chile negoció o propuso soluciones de salida al mar a Bolivia -nunca con compromiso formal- aunque solo las posteriores al Pacto de Bogotá (1948), sin que se altere el Tratado de Límites de 1904, el que ningún tribunal puede modificar al haber sido libremente pactado por las partes.

Ante lo último, los dos países obtendrían algo. Bolivia, continuar con el pleito, y Chile, limitarlo jurídicamente. Si vamos al juicio de fondo, quedamos más tranquilos, pues negociar no es obligatorio, ni menos con un resultado predeterminado. Bolivia igual festejaría y seguramente redoblaría su campaña comunicacional contra Chile, buscando más apoyos políticos de los que tiene. Evo aseguraría su reelección.

Cualquiera sea el resultado, que no sea el todo o nada para una de las partes, nadie podrá cantar victoria. El caso legal seguirá en manos de la Corte por años, y dependerá menos de los gobiernos y sus estrategias. No cabe sino esperar. Eso sí, descartando falsas expectativas triunfalistas.