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La serie de reacciones que generó la aprobación del estudio medioambiental del proyecto Parque Eólico Chiloé y su eventual instalación en el oeste de Ancud, en el sector costero de Mar Brava, lejos de aminorarse no para de crecer.

Ahora las organizaciones opositoras a la millonaria iniciativa energética de la empresa de capitales chileno-suecos, Ecopower, se han empeñado en realizar una "funa" a través de las redes sociales contra quienes votaron a favor del proyecto, sumando a los personeros de diversas áreas sectoriales a los que consideran facilitadores de la aprobación ambiental del proyecto.

"Estas son las autoridades regionales que votaron a favor del parque eólico en Mar Brava- Ancud. ¡Una vergüenza! ¡Si no tienen conciencia, tendrán funa!", advierte el cartel que circula por las redes sociales, donde se expone la fotografía de cada una de las autoridades regionales que votaron en la polémica aprobación de la iniciativa, en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos.

En la infografía aparece encabezando la lista el intendente regional, Leonardo de la Prida, seguido de los ancuditanos Alfredo Wendt (presidente del Servicio de Evaluación Ambiental) y la secretaria regional ministerial de Economía, Carmen Gloria Muñoz.

La misma gráfica incluye a los seremis Carlos Contreras (Obras Públicas), Pamela Bertín (Agricultura), Jorge Pasminio (Medio Ambiente), Javier García (Energía), Eugenia Schnake (Salud), Eduardo Carmona (Vivienda y Urbanismo) y Daniela Pradenas (Desarrollo Social).

Cierra la ofensiva señalando: "También colaboraron a nivel local", donde se incluye al dirigente indígena de la comunidad Huentetike Omar Guentelicán y los lonkos Orlando Allancán (Koñimó Lamecura) y Hernán Barría (Punta Chilen). Además incluyeron entre los "funados" al ex alcalde Pablo Ossio, con el argumento de haber sido quien "trajo el proyecto el año 2008" (de acuerdo a la publicación), y a Patricio Peñaloza, de quien señalan "El Canelo de Nos, ex opositor lobista". Cierran la publicación con los dirigentes huilliche Pamela Vargas e Iberia Terumán.

"El objetivo de esto es que la comunidad chilota, los 200 mil habitantes del Archipiélago, sepan lo que están decidiendo y votando sus autoridades, que se supone que nos representan a nosotros, pero no lo están haciendo a conciencia, ya que estamos seguros que la mayoría de las personas y organizaciones no quieren que se les dañen las playas ni los lugares ceremoniales, por eso nos preguntamos ¿para quiénes están gobernando?, porque con lo que ha pasado con Penta o Soquimich, es legítimo que tengamos dudas", explica el líder del movimiento Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, acerca de esta campaña.

De quienes encabezan la lista de la "funa", el único en responder a nuestros llamados acerca del tema fue el presidente del Servicio de Evaluación Ambiental, Alfredo Wendt, quien señaló que "ellos pueden tener su opinión y de eso yo no me hago cargo y, en cuento a la votación ambiental, el servicio tiene la obligación de llevar el proceso de votación como corresponde", advirtiendo que todo este programa fue llevado a cabo de la forma "correcta", lo que habría llevado a que "el proyecto fuera calificado de forma favorable", aclaró.

normativas

Por su parte, el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Jorge Pasminio, recalcó que "nosotros cumplimos las normativas ambientales vigentes en el país, donde existe una ley de base de medio ambiente y un reglamento con respecto a las temáticas ambientales y sectorialmente, cada sector, como nosotros, Medio Ambiente, los otros servicios sectoriales tienen que opinar con respecto a las temáticas o proyectos que se ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental, por lo tanto a nosotros nos toca velar por las normativas que están vigentes en el país".

El personero recalcó que "sabemos que las temáticas ambientales en el país son complejas y que todo proyecto, por pequeño que sea, impacta al medio ambiente", agregando que "de esas observaciones que está haciendo la comunidad, nosotros también observamos dentro del proceso de evaluación ambiental y eso hizo que, por ejemplo, realicemos una observación fuerte del sector de Puñihuil y de la ruta de Quilo, y todas esas observaciones fueron contestadas".

El seremi enfatizó que existe en la Ley de Medio Ambiente la posibilidad de modificar el proyecto original, en el caso que este afecte de alguna forma.

"Eso está abierto y significa que si detectamos o la misma gente puede observar algún efecto negativo al medio ambiente, se tiene el poder de contemplarlo hacia las instancias correspondientes y la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que se encarga de velar que todo lo que se ha dicho y lo que se ha fijado en la resolución ambiental cumpla con la normativa vigente".

Rebatiendo estos argumentos, con ejemplos de otros lugares del mundo con disyuntivas similares, el líder del movimiento Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, argumentó acerca del emplazamiento del proyecto, haciendo la comparación con otros archipiélagos con vocación turística.

"En otras partes del mundo como las islas Canarias o las Baleares, el aparato político público toma decisiones diferentes a las que tomamos en Chiloé, donde en junio de este año, la gobernación del segundo grupo de islas decidió prohibir todos los megaparques eólicos que se pudieran tratar de instalar en el archipiélago", aseveró.

Cita el profesional que este tipo de modelo se basa en un "ordenamiento territorial adecuado", el que funcionaría en base a una política pública acerca de la energía eólica que señala "buena, pero a pequeña escala, donde incluso la fomentan a nivel productivo y familiar, pero no en grandes dimensiones".

CRITICADO

Por su parte, Patricio Peñaloza, uno de los más criticados por haber sido el asesor de las comunidades ante la empresa Ecopower, en la mesa de trabajo dentro del proceso participativo con las organizaciones indígenas, recalcó que "estoy muy tranquilo y me preocupan más las miradas que hay dentro de las comunidades y hacia los lonkos y dirigentes indígenas, yo creo que allí hay un daño mayor".

La antropóloga del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (Cecpán), Carolina Sepúlveda, manifestó al respecto que "al comienzo el Canelo de Nos era una organización opositora a este proyecto, pero al mismo tiempo se habían adjudicado el PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena) en algunas comunidades, entonces llegaba a las comunidades entregando asistencia y subsidios, y esta misma persona que entregaba estos subsidios del (Estado), luego comenzó a entregar subsidios pero con platas de la empresa (Ecopower)". J