Señor Director:

En los últimos días, opositores al Parque Eólico Chiloé, han ocupado espacio en su diario para ejercer democráticamente sus derechos a oponerse a la concreción de tal proyecto; sin embargo, tal propósito se desmerece al mezclar sus argumentos con la colaboración de mi persona, en una etapa determinada del mismo, asociándola al Partido Socialista, acusándolo de ser dueños o accionistas de la empresa Chilena-Sueca, Ecopower, propietaria del proyecto en cuestión.

Al respecto, no es un secreto que milito por más de 50 años en el PS y que he ejercido en muchos períodos de mi vida como consultor de organismos internacionales, nacionales y empresas privadas.

En esa condición, asumí el 2012 una asesoría en Ecopower, en el ámbito exclusivo de la articulación de sus relaciones con las comunidades indígenas (huilliches) para incorporarlas al proceso de definición del proyecto en estudio, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, y las organizaciones sociales de Ancud en el contexto de la Ley 19.300 de Participación Ciudadana. Por ello, se tomó contacto con las tres comunidades, legalmente constituidas y reconocidas por Conadi a esa fecha: Katruman, Calle y Huentetique, así como con la Asociación de Juntas de Vecinos Urbanas, Rurales, Cámara de Comercio, Asociación de Transportistas, Sindicatos.

En atención a la magnitud del proyecto y la importancia de la participación de las comunidades huilliche en la implementación del estudio respectivo, se constituyó una mesa de trabajo con la empresa, con reuniones mensuales, actas y comunicados públicos, además de registros fílmicos de las mismas. Uno de los hitos importantes de ese trabajo fue la visita al Parque Eólico de Endesa en la comuna de Canela en la IV Región, a la que se incorporaron también algunos dirigentes de organizaciones sociales y sindicales de la comuna.

Mi fracaso en esta labor fue no haber podido concretar reuniones de información e intercambio de puntos de vistas con la organización de empresarios de Puñihuil, a pesar de algunos cafés tomados con una de sus dirigentes y una conversación sostenida con la vocera que lidera la oposición, quien accedió a una entrevista en los inicios de mi trabajo. Me resultó de toda obviedad sus negativas a compartir información sobre el proyecto con sus asociados, teniendo ellas intereses empresariales en la zona.

Mi labor de asesoría terminó cuando el Estudio ingresó a la fase de evaluación en la institucionalidad correspondiente. Ahora bien, si la interacción con las ciudadanía organizada, sean pueblos originarios, organizaciones sociales o personas naturales de cualquier condición se tipifica de lobby, el mencionado Convenio 169 y la ley sobre participación serían letra muerta y, además, nos estaríamos condenando a transitar hacia una sociedad de islas en que se niegan los intereses comunes, primando los particulares, los cuales interactúan y negocian entre sí para alcanzar sus particulares objetivos.

Por el contrario, mi profunda convicción de que los proyectos no sólo requieren de recursos financieros y humanos, sino también una ciudadanía empoderada que garantice el respeto a los componentes ambientales correspondientes, la expresé claramente en mi carta a su diario en marzo de 2013.

Ahora bien, militar en un partido político no es obstáculo para ganarse la vida honradamente y nadie tiene derecho a crear una fábula a partir de aquello, imaginando negociados. Esos febriles argumentos, más que defender supuestas preocupaciones ambientalistas apuntan a enlodar al Partido y dirigentes que, justamente, han relevado muy tempranamente el tema ambiental en su programa y acción política concreta.

Por último, el tema del Parque Eólico Chiloé está en la órbita de la empresa Ecopower, dueña del proyecto, y las autoridades respectivas, muy ajeno a la incumbencia de este profesional.