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Luego de la preocupación demostrada por varias organizaciones y el desconocimiento general acerca de la realidad de las concesiones mineras en Chiloé y que el municipio de Ancud realizara una presentación con funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la alcaldesa de esa comuna está promoviendo declarar a la provincia libre de industria minera.

"Según nos explicaban los funcionarios del Ministerio de Minería, la figura del gobernador de la provincia es fundamental en nuestra legislación para que las concesiones mineras, tanto de exploración como de explotación, avancen, por lo que me contacté con él y le solicité que coordinemos un encuentro de carácter provincial, al que convoquemos a autoridades de las diez comunas de Chiloé, a nuestros parlamentarios y actores locales, de tal forma de ir pensando en acciones concretas que nos permitan hacer frente a la eventual instalación de faenas mineras en nuestro territorio", señaló la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno.

La edil informó que la máxima autoridad provincial estuvo de acuerdo y acordaron un encuentro para noviembre. "Los desafíos son grandes, si queremos que el Estado entienda que Chiloé no puede, por ningún motivo, ser una zona minera y eso es en lo que debemos trabajar, explicándole muy bien al gobierno que nuestro territorio tiene otra vocación y otras proyecciones para su desarrollo", advirtió.

En la visita de los funcionarios del Sernageomin a Ancud, donde también asistieron autoridades de otras comunas insulares, estos dejaron en claro que existen en total 310 concesiones mineras en el Archipiélago y que de ellas 101 son para explotación, de las cuales dos de ellas corresponden a faenas de explotación de turberas (una en Ancud y otra en Chonchi), las cuales están paralizadas, luego que en una fiscalización se descubrieran varias anomalías en el cumplimiento de la norma vigente.

"Es inquietante el número de concesiones solicitadas y la idea es trabajar ahora, que estamos a tiempo y no reaccionar luego, cuando quizás alguna de estas concesiones tenga autorización para desarrollar faenas", sostuvo Moreno.

DIPUTADA

Al respecto, distintas personalidades del ámbito social y político se han pronunciado acerca de este tema, entre ellas la diputada por Chiloé y Palena Jenny Álvarez (PS), quien ya en junio pasado había enviado un oficio a la ministra de Minería Aurora Williams, solicitando información detallada acerca de las concesiones mineras en Chiloé.

"Lamentablemente, hasta hoy no hemos recibido respuesta. Y la necesitamos, especialmente cuando se señala que hay decenas de concesiones de oro, platino, carbón, turba y hierro en manos de empresas y particulares", recalcó la parlamentaria chilota.

La legisladora socialista advirtió que en diciembre pasado en la Cámara de Diputados se realizó una sesión especial donde todas las bancadas suscribieron un proyecto de resolución en el que se manifestaba "preocupación por las comunidades indígenas y territorios enfrentados a la especulación minera y sus impactos en el ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente, especialmente por las prerrogativas que el Código Minero entrega respecto del aprovechamiento de las aguas".

En este sentido, una de las grandes interrogantes presentadas a los funcionarios de Minería que expusieron en Ancud fue la de si algunas de las concesiones mineras entregadas en Chiloé eran del tipo especulativo, tomando en cuenta el gran porcentaje que solamente están solicitadas para exploración, sin ninguna indicación de que puedan convertirse en concesiones de explotación minera.

Una buena parte de estas concesiones se emplazan en la costa oeste de Chiloé, lo cual los opositores a este tipo de actividad han denunciado como un peligro latente, por existir otras actividades, algunas ancestrales, en esos lugares, las que peligrarían de desaparecer ante eventuales explotaciones mineras.

En este punto, la diputada Álvarez comentó que "se abre un escenario complejo cuando la minería entra en conflicto con zonas que tienen otra vocación productiva evidente, como me lo han señalado algunas organizaciones de Ancud durante mi trabajo en terreno. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores de Coquiao, Domingo Valenzuela Mansilla, me planteó este tema en una reunión con el comité de agua potable rural y la junta de vecinos del sector".

Agregó la parlamentaria que "son opiniones que tienen ya las organizaciones de Chiloé y han manifestado su preocupación por la falta de información del tema de concesiones mineras en la zona. Me preocupa la agricultura familiar campesina, la cual se vería directamente perjudicada si se interviene el territorio, para explotar minerales y aprovechando los cursos de agua subterráneos, cuando este vital recurso está en crisis en el territorio".

Manifestó además que "lamentablemente, hasta hoy la constitución de 1980, eleva los derechos mineros por sobre los del dueño de la tierra".

La congresista además informó que volvió a pedir a la ministra Williams que indique el número de solicitudes y de concesiones mineras solicitadas y entregadas en Chiloé en la última década, con datos detallados por comunas, localidades, año de solicitud, nombre del solicitante y por tipo de recurso minero, que es una de las informaciones más difíciles de encontrar.

TURBERAS

"Además, le requerimos el número de solicitudes por comuna, respecto de concesiones para la intervención de turberas o pomponales", advirtió la parlamentaria socialista en este punto, que "en el caso de Chiloé a esto hay que agregar que para la explotación de la turba, que se utiliza como combustible doméstico y en la obtención de abonos orgánicos, también se requiere una concesión, pues para el Código Minero es considerada un mineral no metálico de segunda categoría, sin hacerse cargo de la importancia como reserva de agua que tienen las turberas", alertó.

De este recurso, el geógrafo de la ONG Cecpan, Álvaro Montaña, también consejero nacional (suplente) de la sociedad civil en el Ministerio de Energía, como representante del Comité Defensa Borde Costero el Agua y la Vida de Ancud, recalcó que "en el caso de la turba, esta se extrae de forma industrial y derechamente es una industria, a la diferencia de la extracción de pompón, que todavía se hace de forma artesanal".

PURIFICACIÓN

Detalló el profesional que la turba, al ser un recurso no renovable, su extracción va a afectar su rol de prestación de servicios ambientales, en cuanto a almacenamiento y purificación de agua. "Las turberas son como humedales interiores, continentales, por así decirlo, cuya función es purificar el sedimento de las aguas, para luego liberarla en la época de verano", aclaró.

Si bien el también director del movimiento Defendamos Chiloé recalcó que la turba aún queda en forma abundante en Ancud, Quemchi, Dalcahue, Chonchi y Quellón, "si se masifica esta forma de extracción industrial de turba, vamos a estar acabando otra vez en nuestra historia ambiental reciente, con un recurso que tiene una utilidad al ser humano".

El abogado Salustio Montalva, de la Subsecretaría de Minería, advirtió en este sentido, sobre la explotación de la turba y su peligrosa extracción en Chiloé.

"La idea es que la gente utilice las instituciones del Estado para que hagan su trabajo y fiscalicen, y en nuestro caso, cuando recibimos denuncias, el área de Seguridad Minera, que es la que realiza fiscalizaciones así lo hace y la ciudadanía tiene que acudir a sus instituciones, estar cerca de ellas y servirles de ojos cuando las instituciones no pueden ver todo lo que requiere fiscalización", finalizó. J