Señor Director:

Creemos que nunca es tarde para tomar conciencia de lo que somos, de lo que valemos y de lo que significa esta cultura patrimonio de la humanidad, única en el planeta.

Últimamente estamos siendo testigos de decisiones del Gobierno Regional, que si bien se fundamentan en leyes vigentes, son inadecuadas e ilegitimas, pues no están consensuadas con los organismos y personas más capacitadas en el tema y por ello, faltan el respeto a nuestro territorio insular. Nos referimos a decisiones como la reciente aprobación del parque eólico de Ecopower en Mar Brava, comuna de Ancud.

Queremos decir claramente que las leyes sobre evaluación de impactos ambientales no están a la altura del país que se empeñan en mostrar al mundo. Nuestras autoridades viajan por el planeta vanagloriándose de ser país OCDE, pero las normas y leyes vigentes no están a la altura. Un país OCDE no es solo un país donde se alcanza un nivel de ingreso per cápita, sino que tiene que ver con muchos más criterios, entre ellos la normativa medioambiental, la que actualmente pareciera ser un "traje a la medida" de los grandes capitales.

Sin tener nada en contra de los grandes capitales, sí que tenemos algo contra las leyes a medias o incompletas. La pregunta es: si nuestros parlamentarios viajan y se capacitan por el mundo, ¿por qué no han puesto estas leyes a la altura de los países líderes? ¿Por qué no tenemos normativa y fiscalización de acuerdo a Finlandia, Nueva Zelanda o Suiza? Seguramente con esto sí que descansaríamos tranquilos, sabiendo que tenemos resguardo consciente para que las generaciones futuras puedan conocer también el archipiélago encantado de Chiloé, sin duda alguna, un mundo aparte.

Revisando la prensa nacional hemos visto que los grupos ambientalistas, ONGs y muchas organizaciones sociales, movimientos ciudadanos están clamando por una modernización de estas normas y leyes para proteger nuestro patrimonio natural.

Reconocemos que los países necesitan energías limpias, renovables, pero queremos manifestar con total respeto y claridad que esos proyectos de inversión no deben ni pueden pasar por sobre de ningún tipo de patrimonio, sea cultural, natural, paisajístico o turístico.

En este momento, la decisión del Gobierno Regional destina a la península de Lacuy y Puñihuil a enfrentar un tremendo impacto negativo. Específicamente a la playa de Mar Brava, la confina a la destrucción total y muerte. Ese lugar es totalmente inadecuado para instalar 42 torres de 150 metros de altura. Basta con buscar ejemplos de otros archipiélagos como en España, Grecia, Nueva Zelanda y verán que las legislaciones no permiten la instalación de estos megaparques eólicos, pues saben del daño irreparable al paisaje, paisaje que es considerado un patrimonio de valor incalculable.

Si fuéramos país OCDE, como nos tratan de hacer creer bajo la gran soberbia, de ser "más" que los demás, no se permitirían estos proyectos que solo benefician al gran capital. El país y Chiloé claman a gritos por más justicia, más inclusión, más participación, y por sobre todo, conciencia.

¡Cuánto echamos de menos a los hermanos "común", sentido y bien común!