Pedro Bárcena González

Ad portas de reabrirse para la práctica deportiva, después de finalizada una parte del proyecto de conservación del Estadio Municipal de Castro, la iniciativa no solo muestra sus alcances desde el punto de vista estructural. También desde el plano judicial se han visto las aristas dentro de las obras por una inversión de $392 millones.

Ello, luego que cuatro pintores presentaran una demanda laboral tras acusar despidos injustificados por un subcontratista. Una causa que pasó por las diversas instancias extrajudiciales y formales en tribunales, y que en las últimas horas habría llegado a un acuerdo.

Los trabajadores comenzaron su vínculo a comienzos de julio de este año con su empleador Elvin Maricoy Salazar para prestar servicios de pintura que estaban proyectados hasta mediados de septiembre en el reducto de calle Freire.

Sin embargo, como denunciaron los obreros, transcurridas menos de tres semanas de faenas, su jefe directo les informa de manera verbal que "ya no había más trabajo". Así, los cuatro isleños quedaron de manos cruzadas y procedieron a realizar los reclamos correspondientes.

De esta forma, llegaron a la Inspección del Trabajo donde se analizó su tema. Esto fue confirmado por la jefa de la oficina comunal del organismo, Lorena Sierpe, quien añadió que "los trabajadores del estadio se acercaron a pedir asesoría y señalaron que tuvieron un despido verbal. Entonces, lo que procede es que interpongan un reclamo de manera inmediata y debemos citar al empleador a una conciliación".

Pese a los esfuerzos realizados para contactar al empresario, no fue posible ubicarlo quedando en nada el comparendo programado para el 27 de julio. Bajo este contexto, como explicó la profesional, "se da por terminado el trámite y el trabajador debe recurrir a los tribunales laborales, que fue lo que se hizo".

Con estos datos y esperando una respuesta más ágil, los pintores decidieron entablar cuatro demandas por separado por nulidad de despido (dos de ellas), despido carente de causa legal y cobro de prestaciones laborales, siendo incluidas estas dos últimas causales en todos los requerimientos.

defensor

El 23 de septiembre se formalizó esta acción en el Tribunal del Trabajo de Castro, siendo patrocinada por el defensor laboral Daniel González, quien se encargó de representar a los atribulados obreros que en total buscaban el pago de remuneraciones y cotizaciones adeudadas, lucro cesante, indemnizaciones y feriado proporcional. Todo por un valor en conjunto cercano a 5 millones 600 mil pesos.

La demanda principal recayó en perjuicio del contratista de obras menores, como también, de manera solidaria, se recurrió contra la empresa encargada de las faenas de conservación del estadio, Importaciones y Representaciones JJC Limitada; contra el municipio de Castro en su condición de mandataria y beneficiaria del proyecto, y además contra el Gobierno Regional de Los Lagos en su calidad de mandante al aportar los recursos para la iniciativa.

El abogado aseveró que "los trabajadores fueron despedidos sin que se les pagaran sus sueldos y verbalmente sin formalidad. Se demandó el despido verbal, las indemnizaciones hasta el término de la obra y las remuneraciones". Agregó que "recomendé no llegar a ningún acuerdo particular y que siempre estuvieran en correlación con la oficina".

Bajo este escenario, se esperaba para fin de este mes una audiencia de juicio, pero la empresa encargada del proyecto tomó contacto con los pintores, llegando en las últimas horas a un acuerdo. "Analizaremos esto, qué firmaron los trabajadores, considerando que existe un juicio iniciado. Hay que ver si la jueza firma el acuerdo", apuntó el defensor, aclarando que no participó de estas negociaciones.

Se informó que el arreglo no alcanzaría el 22 por ciento del total demandado. Sin embargo, se tornaría en la base para cerrar el caso. J

El presidente del CORE de Los Lagos, Pedro Soto (DC), aseguró que están fiscalizando proyectos adjudicados con recursos FNDR. "Consultamos a las empresas, municipios y trabajadores encargados de cómo va la marcha de estas iniciativas de acuerdo a las bases establecidas". Además, acotó que apoyan las acciones que emprenden los trabajadores para hacer respetar sus derechos.

El asesor legal del municipio de Castro, Juan Pablo Sottolichio, confirmó que en su condición de mandataria de la obra el rol del consistorio "es verificar el cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales y tomar los resguardos si existen boletas de garantías y documentos para respaldar este pago, lo que se efectuó en este caso".

El abogado aclaró que "se hicieron las gestiones a través del contratista y el Gobierno Regional como mandante de la obra para que se solucione el tema".