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MOP estudiará subsidios y servicios de emergencia y nocturnos para el transbordo en el canal Dalcahue

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Un compromiso para estudiar soluciones a los problemas de continuidad de los habitantes que diariamente se transportan entre las islas Grande y Quinchao, manifestó haber logrado el senador Iván Moreira con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo.

Ambas figuras políticas se reunieron recientemente en la Cámara Alta para analizar una serie de demandas planteadas por ciudadanos de Chiloé y Puerto Montt, entre otras razones, como el alto costo por el cruce en transbordador en el canal Dalcahue, del cual acusan vecinos tendría un valor muy elevado para una navegación marina que dura aproximadamente 10 minutos.

TARIFA

"Ante esta solicitud relacionada con un subsidio en el canal Dalcahue para otorgar continuidad de servicio, el ministro se comprometió a estudiar la posibilidad de regularizar la tarifa y tener servicios de emergencia y nocturnos que actualmente no existen", mencionó el parlamentario gremialista por la Región de Los Lagos.

Sumó que "este subsidio estatal tendría un monto operativo de aproximadamente 40 millones de pesos mensuales y esperamos que este importante anuncio se concrete dentro de las próximas semanas".

Finalizó el senador de la UDI advirtiendo que "las regiones están en desmedro en comparación a las grandes inversiones que se realizan en Santiago en materia de transporte; debemos trabajar en qué disminuir esta brecha, ya que no podemos permitir tener ciudadanos con derechos diferentes, especialmente para los habitantes de las zonas aisladas, porque la Ley Espejo (del Transantiago) no cumple su objetivo y doy mi voto de confianza al Gobierno en que se comprometerán con este objetivo". J

Procesan a ex uniformados chilotes por violaciones a los derechos humanos

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Eduardo Burgos S.

Tres ex carabineros de la comuna de Castro están siendo procesados por causas de violaciones a los derechos humanos. Se trata de casos acontecidos durante los primeros años de la dictadura militar, los que habrían afectado a ocho personas, las que incluso habrían recibido apremios ilegítimos como maltratos y torturas, descubiertos a través de investigaciones de delitos cometidos a otras víctimas del régimen de Augusto Pinochet.

Los hechos ocurrieron durante los meses finales de 1973 y al año siguiente en la ahora capital provincial y son investigados por el ministro en visita extraordinario para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, quien sometió a proceso a los tres imputados que actualmente son jubilados de las Fuerzas Armadas.

"Estas tres personas ya no están en ejercicio, sino que están en situación de retiro", precisó el abogado, explicando que "están jubilados". A estos antecedentes, el juez puntualizó que los tres procesados terminaron sus carreras en Carabineros y que fueron encausados recién a comienzos del año en curso.

Sumó el magistrado de la corte puertomontina que "la investigación no existía en esa época (cuando los procesados cumplían labores aún como carabineros), sino que la abrí yo de oficio cuando empecé a tomar conocimiento de testimonios de estas personas, prestados en otras causas, entonces reparé en ellos y las incorporamos en un solo proceso, instruyendo de oficio el sumario".

En cuando a cómo sucedieron los hechos investigados, la fuente informó que "esto sucedió en Castro, cuando en esa época existía, al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros, un pequeño grupo que funcionaba en todas las unidades y que se conocía como 'comisión civil', los que estuvieron encargados de cumplir órdenes de detención o de hacerlo por su cuenta respecto de personas que pensaban que podían tener armas en su poder".

Recalcó el jurista que "también se dio el caso y esto ocurrió en todo el país, donde tomado el poder por la Junta de Gobierno, hubo muchos civiles que denunciaron a vecinos simplemente por tener rencillas antiguas y la policía lo que hacía era detener y después investigar".

En este sentido, Vera comentó que en este caso una de las víctimas le llamó especialmente la atención, por cuando fue denunciado por una vecina de un predio rural con la que tenía problemas de deslindes, por lo cual fue aprehendido y conducido a las caballerizas de la comisaría.

torturas

"Ahí lo sometieron a malos tratos, consistentes en golpes de puños y con palos, o sumergirlo en el bebedero emplazado en ese sitio y que había servido para dar de beber a los caballares que alguna vez existieron en el lugar", relató el juez.

Agregó el magistrado que no solamente este tipo de torturas fue la que hizo encausar a estos ex uniformados, sumándose otras como privar a los detenidos de consumir agua y comida o mantenerlos con la vestimenta mojada durante varios días.

De los capturados -detalló el ministro en visita- algunos pertenecían a algún partido político y otros no, como el caso del campesino denunciado por su vecina, quien no mantenía militancia alguna y simplemente habría sido presa de la "caza de brujas" que se dio en esos tiempos, amparada en la falta de derechos ciudadanos.

"Estas personas (los ex carabineros) están en libertad, porque en el tiempo que fueron cometidos esos delitos, estos tenían una penalidad baja que variaba si con esos malos tratos y aplicación de tormento se causaban lesiones menos graves, graves o la muerte, y en este caso solamente se registraron lesiones entre menos graves y graves", advirtió Vera. J

El ministro en visita extraordinario para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, detalló que estos casos fueron descubiertos a raíz de otras investigaciones por delitos similares, ya que hasta este año, "ni las víctimas habían hablado nunca y tampoco los procesados han reconocido su participación y estoy actuando bajo la base de presunciones legales, que se dan en la mayoría de los casos, donde los uniformados no reconocen participación en los hechos".