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La madrugada del 24 de abril de este año será difícil de olvidar para el ex cuidador del Parque Bellavista en Ancud, donde laboraba custodiando el recinto municipal y a donde un grupo de tres adolescentes ingresó violentamente a robar especies de los vehículos fiscales que ahí se guardaban, además de atacarlo en su hogar y causar un siniestro.

José del Carmen Hernández Ruiz (62) fue golpeado por los jóvenes que entraron a su vivienda en el mismo predio donde se desempeñaba y luego prendieron fuego a este inmueble, encerrando al cuidador dentro de la construcción. Por su propio esfuerzo, el trabajador logró escapar de las llamas, resultando con varias lesiones de carácter gravísimo, entre ellas las que le provocaron la pérdida de su ojo derecho, además de la destrucción de todas sus pertenencias materiales en el incendio.

El nochero permaneció en ese cargo desde el 2 de julio del 2012 hasta el 30 de julio de este año, cuando se le dio término a su contrato laboral, determinación por la cual demandó al municipio y como representante legal a la alcaldesa Soledad Moreno. Exige más de 30 millones de pesos, desglosados en 900 mil pesos por indemnización de años de servicio más el recargo del 50%, por 450 mil pesos; una indemnización sustitutiva de aviso previo de 300 mil pesos; un pago por daño moral de 30 millones de pesos, y "remuneraciones que se devenguen hasta el pago de las cotizaciones previsionales", de acuerdo a la acción legal presentada el 9 de septiembre del 2015, en la que también se solicita la nulidad del despido.

Dentro del líbelo patrocinado por el abogado Fabián Quiroz, el cuidador relata la noche de terror sufrida ese 24 de abril, acusando que "por no mantener condiciones mínimas de seguridad ni protocolo de emergencia fui asaltado y golpeado por delincuentes, quienes me robaron y me ocasionaron la pérdida de mi ojo derecho", refiriéndose a las condiciones en que trabajaba.

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El demandante además describe en el documento que "estando la casa en llamas tuve que salir de manera que nadie me viera y esconderme en el pasto para que no me sigan agrediendo, lo que me permitió salvar mi vida", recalcando que "en el recinto no existe ninguna medida de seguridad ni nada que me permita alertar a Carabineros o Bomberos en casos como estos".

Respecto a la situación laboral luego de sufrido el ataque delictivo, Hernández declara en el escrito que "como si ello fuera poco, la demandada primero me ofreció reubicarme para finalmente en julio de 2015 señalarme que no tienen nada que ofrecerme dejándome sin posibilidad de atenderme médicamente y sin un trabajo que me sustente".

El trabajador recalca que con motivo del hecho de violencia, aparte de perder su ojo, "sufrí diversas fracturas en mi cuerpo, además del impacto al sentir que una turba me quería asesinar, todo ello ante la total indiferencia de la demandada", acotando que "no se cumplió con las formalidades del término de la relación laboral".

Al ser consultado por este medio, el asesor jurídico de la Municipalidad de Ancud, el abogado Ariel Jara, respondió escuetamente que "no hemos sido notificados y no puedo pronunciarme, porque no tengo los aspectos, mientras no tengamos la concurrencia de alguno de los receptores judiciales y ponga la demanda en mis manos y seamos emplazados legalmente a través de una notificación".

Tal demanda fue interpuesta en el Juzgado de Letras de Ancud por la materia de "despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, nulidad del despido e indemnización de perjuicios".

fiscalía

En paralelo, el Ministerio Público realizó el viernes pasado en el Juzgado de Garantía de Ancud la acusación contra los tres imputados por este hecho. El fiscal de la causa, Jorge Raddatz, manifestó que "se presentó prueba, tanto testimonial como pericial, y se esperará fecha de juicio oral".

En el caso de las pericias, la Fiscalía llevará total de 8 peritos, mientras que entre los testimonios se cuentan los relatos de carabineros que detuvieron a los imputados, además de la víctima, quien vio al grupo atacante, sumando 14 testigos en el juicio.

La acusación -precisó el persecutor- es por los delitos de robo con violencia con lesiones gravísimas y de incendio para un par de imputados. "Dos de ellos están en internación provisoria y una está con arresto domiciliario total", detalló el jurista, indicando que se trata de una joven y un varón de 15 años, más un tercero de este último género de 17.

La fuente precisó que "a los dos hombres la Fiscalía los imputa de incendio y un delito de robo con violencia causando lesiones gravísimas y la mujer de 15 años es imputada de un delito de robo con violencia".

En el caso del trabajador, Raddatz clarificó que su participación como testigo es porque logró ver al grupo de jóvenes quemando su casa hasta que logró huir, añadiendo que "los imputados antes de incendiar la casa golpearon a la víctima, producto de lo cual ella sufrió la pérdida del ojo derecho, cuando custodiaba un inmueble fiscal donde la municipalidad resguardaba sus vehículos, de los cuales los imputados alcanzaron a sustraer radios".

Recordó el profesional que mientras huían los menores se logró detener a dos de ellos, la mujer y uno de los varones. A la primera se le encontró entre sus pertenencias un equipo radiofónico.

"La víctima logró identificar a parte del grupo, puesto que los conocía porque habían pasado anteriormente por ese lugar que él custodiaba", advirtió el abogado, junto con recalcar que "en la Fiscalía los imputados reconocieron responsabilidad en parte de los hechos que la Fiscalía acusa".

Raddatz mencionó que el juez de garantía descartó una prueba presentada por el Ministerio Público, por lo cual el persecutor apeló y el tribunal de alzada de Puerto Montt deberá resolver si se incluye en el juicio, ya que el ente investigador sostiene que esta prueba estaría conforme a derecho.

"Una vez que la Corte de Apelaciones resuelva esta situación jurídica de prueba será el tribunal (de garantía) quien fijará una audiencia de juicio oral respecto a estos menores", subrayó el fiscal. Concluyó que "esta prueba corresponde a parte de las declaraciones que se tomó a los menores de edad en presencia de su abogado defensor, el cual pidió excluir; sin embargo, la Fiscalía pidió que esa prueba también vaya al juicio oral". J