Leonardo Riquelme C.

Las 150 atenciones "éticas" que estaban realizando los funcionarios en cada una de las oficinas del país se frenarán desde el lunes si el Gobierno no accede a pagar un bono anunció ayer la presidenta de los trabajadores del Registro Civil e Identificación, Nelly Díaz.

"El paro se radicaliza el lunes y no habrán más turno humanitarios (...). Nosotros radicalizamos el paro por culpa del Gobierno. Esperamos un gesto del Gobierno", dijo.

Díaz acusó al Ejecutivo de poner a rompehuelgas para mantener servicios, como ocurriría desde el lunes si el gremio mantiene el paro. Esa medida busca al menos continuar celebrando los AUC y matrimonios civiles, algo que los funcionarios solo los cursarían hasta el domingo.

Para frenarlo, la entidad, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) presentaron un recurso de protección.

"Nuestros funcionarios no tienen la competencia y los están obligando (…). Cualquier plan de contingencia debe ser desarrollado por los funcionarios de confianza del Gobierno", alegó el presidente de Fenaminsa, Marcos Dinamarca.

Los 25 días de paro han afectado la realización de unos 1,8 millones de trámites, como renovación de cédulas, pasaportes, de extranjería e inscripciones de nacimiento.

Díaz lamentó los efectos en la ciudadanía, pero aseguró que ella "empatiza" con su causa. No obstante, y pese al recurso, recordó que el Gobierno tiene su plan de contingencia, "así que ahora le toca hacer la pega a ellos".

La Moneda insiste en que nunca comprometió montos en el protocolo suscrito el 21 de agosto por Justicia. Sin embargo, ayer se hizo público un documento que indicaba que el bono sería por cumplimiento de metas, se cancelaría en varias cuotas y ascendería entre 2.900 y 4.800 millones de pesos por año.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, insistió en que el paro "es ilegal" y adelantó que podrían tomar represalias adicionales a los descuentos por días no trabajados. "Uno podría incluso llegar a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado", afirmó a radio ADN, insistiendo en que sus funcionarios ganan un promedio de sueldo de 1 millón 23 mil sin bonos. J