Señor Director:

En enero de 1981 se promulgó el DFL 4, mediante el cual se fijaron las normas para asignar los aportes fiscales a las instituciones de educación superior; una herencia de la dictadura que tenía por objeto reforzar el modelo de mercado. Los recursos que hasta entonces el Estado otorgaba a universidades tradicionales se convirtieron en el Aporte Fiscal Directo (AFD), 95% del cual corresponde al presupuesto histórico y 5% a un modelo que considera indicadores como la cantidad de alumnos, académicos postgraduados, publicaciones y proyectos de investigación. A simple vista, la distribución no parece desigual; sin embargo, las universidades regionales que se crearon con posterioridad a 1981 reciben menos simplemente porque llegaron más tarde a la repartición.

Pero el instrumento que favorece menos a la equidad en la distribución es el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Esta asignación se creó como estímulo a las instituciones de educación superior que admitieran a los 27.500 mejores puntajes de la PSU (antes PAA). Es asignado a cada institución anualmente dependiendo del tramo correspondiente a los puntajes de corte de los alumnos matriculados en primer año. Debido a que los aportes AFI son de libre disposición para las instituciones que los reciben, éstas pueden por el mismo alumno recibir pagos de aranceles y matrículas, haciendo que estos recursos se sumen y las instituciones beneficiarias cuenten con mayores recursos para apoyar la docencia.

El problema de considerar el puntaje de la PSU, es que se observa una relación proporcional entre éste y el colegio de procedencia del alumno y su condición económica. Solo por citar un ejemplo, en 2015 de los 100 colegios con mejores puntajes, 94 son privados, 4 municipalizados y solo 2 particular subvencionado; 67% del total son de Santiago. Consecuentemente, los recursos del AFI se concentraron fuertemente en Santiago. En 2015 las universidades las CRUCH de Santiago matricularon 13,5% de los alumnos de primer año; sin embargo, captaron el 37% de los mejores puntajes y 45% de los recursos AFI.

El AFI constituye una política altamente regresiva, pues entrega recursos a instituciones para financiar a los alumnos que menos lo necesitan. También explica la fuga de talentos de regiones a Santiago, perpetuando la concentración y el centralismo. De ahí que la reforma propuesta debe considerar no solo redistribuir los recursos del AFI, sino generar otros instrumentos que aseguren la retención regional de talentos, incorporando otros estímulos para estudiar en los territorios de origen, fortalecer ayudas estudiantiles a los estudiantes de regiones y mejorar la atracción de universidades regionales con fondos específicos para renovar la infraestructura y el equipamiento.

El AFI es uno de los instrumentos que constituyen una de las mayores causas de desigualdad regional en educación superior y ejemplifica las consecuencias indeseadas del cuestionado modelo de mercado. Es por ello que en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto debiera analizarse su pertinencia como forma de financiamiento y buscar mecanismos para redistribuir sus recursos en apoyo a universidades regionales para lograr mayor equidad.