Eduardo Burgos S.

Alrededor de cuatro meses podría durar el proceso en el Tribunal Electoral Regional (TER) luego que ayer acogió a trámite la acusación presentada por cuatro concejales ancuditanos que piden la remoción de su cargo de la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno (pro DC), por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.

Ayer en dependencias de la Fundación Estrella del Mar y con la presencia de los ediles Rodolfo Norambuena (independiente), Gustavo Cárdenas (RN) y Alex Muñoz (UDI) se realizó un punto de prensa en que los políticos por primera vez reconocieron la presentación. Faltó Carlos Gómez (DC).

Los concejales declararon que "seguiremos los procedimientos que solo el Tribunal Electoral Regional determine para la tramitación de la acusación, respetando las etapas, los plazos y las sanciones que este establezca", explicando que "no haremos caso a ningún tipo de emplazamiento que no sea dentro del ámbito que la ley establece para estos procedimientos. El concejo municipal tiene otras funciones, las que deben responder al desarrollo y bienestar de los habitantes de Ancud, por lo que no permitiremos que este sea transformado en un reality show político".

Advirtieron los ediles que la acusación en contra de Moreno es parte de un proceso fiscalizador que llevaron a cabo desde el año 2013, en uso de sus atribuciones establecidas en la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley Nº18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la Ley Nº18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, descartando una acción con fines electorales.

EMPLAZAMIENTOS

De los emplazamientos de la alcaldesa, quien aludió un eventual hostigamiento por ser mujer, los acusadores advirtieron que "la ley debe ser aplicada a hombres y mujeres sin distinción, ya que hombres y mujeres que ostenten algún cargo público tienen las mismas responsabilidades y obligaciones legales".

Sumaron que "la acusación que hemos interpuesto en el Tribunal Electoral Regional, como acción de fiscalización, es sobre acciones u omisiones de la alcaldesa de Ancud y sus responsabilidades individuales, y no una acusación o ataque hacia el municipio como institución y mucho menos a sus funcionarios municipales, a quienes respetamos profundamente por sus labores dirigidas al beneficio de la comunidad".

En este plano, los políticos rechazaron "posibles presiones que funcionarios puedan estar recibiendo para demostrar su público apoyo a esta administración y primera autoridad, pues no es digno utilizar de escudo a mujeres y hombres que no están involucrados en esta acusación", añadiendo un llamado a los líderes sociales que han manifestado su expreso respaldo a la alcaldesa: "Les recordamos que como dirigentes su mayor labor es representar a las vecinas y vecinos de sus poblaciones en cada una de sus acciones y gestiones, respetando siempre lo establecido en la Ley Nº18.418 sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias y evitando el proselitismo en nombre de sus organizaciones".

FUNDAMENTOS

Los ediles acusadores señalaron además que los fundamentos expresados en la acusación al TER habrían sido conocidos por la jefa comunal y muchos de ellos advertidos por ellos en sesiones del Concejo Municipal de Ancud. "Cada vez que solicitamos a la Contraloría de la República su pronunciamiento, este órgano de control remitió los antecedentes y sus resultados a la primera autoridad comunal, por lo cual siempre estuvo informada de la fiscalización de estos cuatro concejales", apuntaron.

Acerca de supuestos dichos de Moreno, orientados a que tendría información sobre faltas a la probidad de algunos concejales, las mismas fuentes advirtieron que "le hacemos un enérgico llamado a que haga llegar esa información a los organismos competentes y realice las acciones de fiscalización necesarias para hacer efectivas las supuestas responsabilidades, tal como lo hicimos nosotros".

Norambuena recalcó que "hemos resistido toda una semana de descalificaciones, de que nos digan que hemos sido cobardes, que faltó hombría, pero hay que aclarar a la comunidad que aquí es un tema formal, un tema administrativo, donde estamos planteando un juicio".

publicación

Del proceso, el periodista explicó que ahora debe ser notificada la alcaldesa y esto debe ser publicado en un diario de circulación regional y todo lo que refiere a presentar pruebas, testigos y argumentos que sustenten la acusación.

Por su parte, el concejal Muñoz recalcó que "ha habido una forma permanente de tratar de limitar la función fiscalizadora que tenemos los concejales con amenazas públicas de por medio que están en la grabación de la sesión de concejo", detallando que tales habrían sido vertidas por la propia alcaldesa, quien habría indicado que "'se va a iniciar un juego sucio' (…); eso es lamentable de una primera autoridad, que se refiera en esos términos a los concejales y una falta de respeto para toda la comuna".

El gremialista adelantó que "el martes vamos a ir como de costumbre al concejo y vamos a seguir con nuestra función fiscalizadora y trabajando por el progreso de Ancud, y no vamos a ir a confrontarnos, porque nosotros continuamos con lo nuestro, con la labor que nos encargó la comunidad".

Cárdenas, en tanto, manifestó que "no ha sido una semana difícil y lo que se ha dicho a través de los medios siempre he dicho que hay que mirar de quién vienen y eso me deja muy tranquilo". Añadió que "la decisión de la presentación fue bajo el análisis de que si no se hacía podíamos haber caído en notable abandono de deberes como concejales".

Las patrocinantes de la acción son la abogada Marcela Bustamante y procuradora Isidia Llauca, quienes meses atrás trabajaron en un caso donde se llegó a la remoción del alcalde de Llanquihue por notable abandono de deberes, la del socialista Juan Fernando Vásquez.

Llauca señaló que "los plazos en estos casos son bastante variables y el procedimiento tiene pasos legales que deben ser seguidos al pie de la letra", precisando que "probablemente sean tres o cuatro meses lo que dure el proceso hasta haber una resolución. Lo que pasa es que también está el Tribunal Calificador, donde una de las partes interpone apelaciones, entonces eso también tiene su tiempo". J

"No estamos haciendo una competencia de quién es el más machito y el menos machito, sino que hay instancias que se deben respetar y el concejo municipal no es la instancia en que esto se va a decidir y mucho menos se va a discutir esta acusación. Hay una instancia que se llama Tribunal Electoral Regional y esa vamos a respetar", afirmó.

"No estamos sacando cuentas de costos políticos, sino que buscamos que la comunidad retome la normalidad y la administración comunal haga en forma correcta los procesos administrativos que hasta hoy han sido irregulares, no solo en el ámbito municipal, sino también de la corporación de Educación", argumentó.

"Le dije claramente a la alcaldesa que 'el que nada debe, nada paga' y, por lo tanto, no hay que tenerle miedo a los tribunales. Ellos sabrán decir si hay razón en lo presentado por nuestros abogados y estos cuatro concejales, pero estamos bastante seguros que hay razones y por eso nos atrevimos a hacerlo", justificó.

"Hay una serie de irregularidades que fueron observadas también por la Contraloría y que ameritan ser puestas en conocimiento del Tribunal Regional Electoral por la gravedad y reiteración de estas conductas, de estos hechos. Hay puntos de la reclamación que hicimos, pero hay más antecedentes", aseveró.

"Ha habido una

forma

permanente de

tratar de limitar

la función

fiscalizadora".

Alex Muñoz,

"Probablemente

sean tres o

cuatro meses

lo que dure el

proceso".

Isidia Llauca

Rodolfo Norambuena

Concejal independiente

Alex Muñoz

Concejal de la UDI

Gustavo Cárdenas

Concejal de RN

Isidia Llauca

Procuradora judicial