Señor Director:

Recientemente nos enteramos que las anunciadas vacaciones de Sergio Jadue no eran tales, sino un requerimiento de la justicia norteamericana. Según informaron los medios nacionales, el renunciado presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tampoco actuará como testigo protegido en la investigación por el caso de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA); más bien, se declaró culpable, reconociendo su participación en los sobornos que recibieron en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por los derechos de televisación de la Copa América, hecho que lo hace arriesgar entre tres y cinco años de libertad condicionada en Estados Unidos.

La salida de Jadue puso en cuestionamiento el control de cuentas de la ANFP, organización que gestiona miles de millones de pesos. Según ha transcendido, en 2015 se repartió a los clubes más de $33 mil millones provenientes de las utilidades anuales del Canal del Fútbol (CDF) y se recibieron $7.500 millones de la Conmebol por la Copa América. Llama la atención que en los últimos años las utilidades del CDF han aumentado exponencialmente, principal fuente de recursos de las sociedades anónimas deportivas. De acuerdo con el Ciper (Centro de Investigaciones Periodísticas), en el marco de la compra de 20% del canal que se ha congelado por la salida de Jadue, se devela una fórmula para lograr una mayor repartición: declarar menos utilidades y pagar menos impuestos. El costo al final lo asume el Fisco.

Pero la corrupción al interior de la ANFP no debe extrañarnos. Ya en 2010 Jorge Segovia protagonizó un escándalo que involucraba contratos entre su universidad y colegios SEK con el club de su propiedad, Unión Española, lo que terminaron inhabilitándolo de la presidencia. Segovia también fue partícipe del escándalo por la entrega de acreditaciones fraudulentas a universidades privadas, que desencadenó el procesamiento de algunos rectores y del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por cohecho, y fue la razón por la cual huyó a España.

Lamentablemente, nuestro sistema educativo, al igual que el fútbol, no ha estado exento de hechos cuestionables y de dudosa ética. La laxitud de la normativa y la falta de fiscalización han permitido la operación de una red de relaciones empresariales cuyas actividades se apartan del quehacer universitario y que logran esconder rentas cuantiosas en negocios colaterales como inmobiliarias. Coincidentemente, las universidades privadas reciben 85,8% de las donaciones a instituciones de educación superior (40 mil millones aprox.), recursos que pueden descontarse de impuestos.

De ahí que sea importante velar porque los recursos de la gratuidad no recaigan en instituciones que lucran o traspasen sus ganancias a terceros. Los recursos fiscales son de todos, de la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, todos somos responsables de velar por su correcta utilización.