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A más de un año de abrirse una investigación administrativa por la presunta alteración en la declaración de asistencia a clases, finalmente la Superintendencia de Educación (Supereduc) de Los Lagos aplicó una multa de 501 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Queilen.

La sanción económica equivalente a una suma de $22.432.776 pesos (de acuerdo a la UTM del mes anterior) fue hecha oficial por este organismo con fecha 30 de noviembre de 2015 y una vez que acogió la reclamación de la entidad que preside el alcalde Manuel Godoy (UDI).

Tal situación surge cuando este ente fiscalizador recibió una denuncia que daba cuenta de lo que habría constituido una alteración en el informe de la concurrencia del alumnado de la Escuela Chilhué registrada en mayo de 2014.

En uno de los puntos el documento sancionatorio expresa que aquel mes "se produce una sobredeclaración de asistencia, en la cual se ingresan como asistencias válidas cifras correspondientes a la matrícula total por curso y por día como asistencia completa".

Una de las conclusiones del proceso revela que bajo esta condición se altera gravemente la declaración respectiva para efectos de obtener la subvención u otros beneficios estatales.

Durante el control la Superintendencia de Educación verificó el estado del registro de los libros de clases entre los meses de marzo a agosto del mismo año, siempre en la tradicional escuela ubicada en el sector urbano queilino.

Ya en noviembre de 2014 el alcalde Godoy ingresó una reclamación al organismo estatal en su propósito de revertir la aplicación de una multa inicial de 555 Unidades Tributarias Mensuales, la cual quedó finalmente en las 501 UTM que deberá cancelar la entidad sostenedora chilota.

Víctor Reyes, jefe regional de la Supereduc, recordó que a partir de una denuncia ingresada se desarrolló "una fiscalización y, posteriormente constatándose los hechos denunciados, se dispuso la instrucción de un proceso administrativo que determinó de una multa que inicialmente era de 555 UTM".

El ex diputado expresó que administrativamente para su organismo se encuentran agotados todos los recursos que encerró el proceso abierto en contra de la corporación, recalcando que "el sostenedor tiene un recurso judicial que se ejerce ante la Corte de Apelaciones correspondiente (Puerto Montt), pero ya esta materia es de otra naturaleza".

El personero manifestó que el Ministerio de Educación deberá ejecutar la aplicación de la multa, lo que se traducirá en el descuento respectivo de la subvención estatal que percibe el ente queilino.

Asimismo, se instruyó el reintegro de los montos en dinero indebidamente cobrados en su oportunidad.

Sumó Reyes que "las vías nuestras son a través de las denuncias, cuando cualquier integrante de una comunidad educativa o cualquier ciudadano puede denunciar un hecho que a su juicio involucre una sanción a la normativa educacional".

OMISIÓN

El secretario general de la corporación chilota, Nelson Riveros, confirmó que debido a una visita inspectiva realizada en mayo del año pasado se detectaron algunas observaciones asociadas a una presunta alteración en el registro de la asistencia del alumnado de la Escuela Chilhué.

La autoridad comunal argumentó que la situación se generó a consecuencia de "una omisión al traspasar la información de la asistencia y que consistió en traspasar todos los datos informáticamente hablando y que arrastra toda la información completa; entonces, arrastró toda la asistencia de los niños, el cien por ciento".

"Esto se debió a una omisión y no una adulteración, eso nosotros lo tenemos muy claro como sostenedores; si hubiera sido una adulteración nosotros hubiéramos procedido a hacer las investigaciones correspondientes", aseveró Riveros.

Añadió que la multa que aplicó la Superintendencia de Educación se debería liquidar mediante un descuento de los recursos económicos de manera gradual, siendo una metodología que resolverá el Mineduc.

EDILES

La medida sancionatoria aplicada a la corporación no fue bien recibida por algunos de los miembros del Concejo Municipal de Queilen.

El solo hecho de que una investigación por la alteración en la asistencia de los escolares redunde en un castigo económico es una materia que inquieta a algunos políticos locales.

Así lo ilustró el concejal Santiago Navarro (PS), quien calificó como inquietante que se haya producido esta situación en la entidad que administra la educación y salud de la comuna.

"Aquí hay responsabilidades, no es un tema que sea por omisión", manifestó el edil, quien fue más allá al sostener que se trata de una situación extraña.

"Encuentro muy raro que alguien pueda adulterar el tema de la asistencia, porque hay un encargado que tiene que subir a la plataforma toda la información", acotó el socialista.

Navarro insistió en la existencia de responsabilidades al interior de la corporación, recalcando que el hecho en su momento fue analizado en el concejo.

Su par de la UDI en la misma instancia, Erwin Andrade, atribuyó el hecho "a una mala información, al parecer", agregando que "viendo las consecuencias que representa esto es sumamente delicado y las personas a cargo de este trabajo administrativo son las personas responsables".

También se sumó a los cuestionamientos el radical Miguel Ñancul al sostener que la alteración en la asistencia a clases y posterior sanción es algo "preocupante, porque no debería suceder en un colegio este tipo de cosas".

El concejal de la Nueva Mayoría sentenció que en su momento se sugirió la realización de una investigación por parte del concejo con el fin de establecer la existencia de responsabilidades en la entidad sostenedora de la educación pública, lo que finalmente no prosperó. J