Señor Director:

Ya se han sabido los resultados de la PSU, y nos hemos sorprendido con la baja en los puntajes nacionales y la caída de los colegios particulares subvencionados; pero no es de esto de lo que hoy escribo, sino que de una institución, una agrupación, que me parece francamente nefasta para la educación superior. Me refiero al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el CRUCH, o, dicho de otra manera, el Cartel de las Universidades tradicionales.

En primer lugar quiero reafirmar mi más profundo respeto a la libertad de asociación que detentan todas las personas en este país, sean naturales, jurídicas o morales; no es este atributo esencial de la persona social lo que hoy critico. Están estas Universidades en todo su derecho de reunirse bajo los criterios que estimen convenientes, de organizarse internamente de manera soberana, de perseguir sus objetivos propios sin intentar intervenir en la autonomía de otros cuerpos ni dejarse intervenir por otra organización.

El punto acá es otro, específicamente la influencia que esta organización ha tenido, y sigue teniendo, en la formulación de políticas públicas en materia educacional, y cómo han usado su poder o influencia para atraer más beneficios para sí, en desmedro de otras instituciones educacionales menos fuertes y menos influyentes, y, a la larga, en desmedro de los estudiantes chilenos.

Durante los últimos dos años hemos sido testigos del más penoso espectáculo en cuanto a formulación de políticas públicas que pueda darse: la gratuidad de la educación superior. Más allá de los reparos a la idea en sí merece, su implementación ha sido defectuosa, tambaleante y tramposa. Hemos pasado por una decena de "hojas de ruta", hemos presenciado varias fórmulas para su implementación, y hasta el día de hoy, en que cientos de miles de jóvenes deben elegir dónde y qué estudiar, no existe total claridad sobre su contenido.

¿Cuál ha sido el papel del CRUCH en este escenario?; lejos de lo que pudiese esperarse de los rectores de instituciones cuyo fin último es la búsqueda de la verdad, esta organización se ha empeñado en mantener sus privilegios, sin importar si esto resulta beneficioso para el país, y, lo que es peor aún, renunciando a la autonomía universitaria, quizás el bien más preciado de una universidad.

Si ya con el actual sistema contaban con privilegios, con la actual gratuidad su posición de dominio sobre el resto de instituciones se acrecienta y fortalece. Y, si hilamos más fino, los requisitos para las universidades estatales son aún más beneficiosos; éstas deberán someterse a un programa de fortalecimiento como única exigencia, mientras que el resto de universidades del CRUCH y las privadas deben estar acreditadas por más de 4 años, estar manejadas por personas jurídicas sin fones de lucro, establecer fórmulas de participación para todos sus "estamentos", y tienen como plazo hasta el 27 de diciembre para dar su respuesta. Por otro lado, los CFTs e IPs quedaron fuera de la gratuidad.

¿Cuáles pueden ser los criterios para discriminar de esta forma? Mal puede decirse que la calidad de las instituciones, ya que si esa fuera la razón varias universidades del CRUCH quedarían fuera (baste recordar el cambio de criterio para que dos universidades estatales pudieran acceder).

Lamentablemente sobre esta materia existe aún mucha desinformación; los estudiantes siguen creyendo que por ser estatal una universidad será necesariamente buena, y siguen confiando en el "sello de calidad" del CRUCH.