Justicia ordena el retorno de 22 reclusos a Castro
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Acogiendo los argumentos entregados por la Defensoría Penal Pública en el recurso de amparo interpuesto, la jueza del Tribunal de Garantía de Castro resolvió durante la tarde de ayer disponer el inmediato retorno al Centro de Detención Preventiva (CDP) de la capital chilota de los 22 reclusos que fueron trasladados la semana pasada hasta el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.
En audiencia de cautela de garantías desarrollada pasadas las 18.20 horas de este martes, la magistrada Mariana Chiang entregó una detallada resolución sobre el requerimiento en favor de los condenados. Enfatizó que la decisión de la Dirección Regional de Gendarmería sobre la derivación de los internos ha vulnerado sus derechos humanos.
Asimismo, la sentenciadora fue explícita en señalar que la resolución del mando penitenciario fue "rígida y parcial", no considerando los costos, distancias y dificultades que implican las visitas de sus familiares.
Además, especificó que el traslado como sanción solo se justifica para reiteradas infracciones y no dentro de un análisis conductual bimestral como se incluyó en la decisión uniformada.
Otro punto que destacó la abogada fue el de no existir un informe técnico que sirviera de base para la determinación de remitir a la capital regional a los condenados. Este documento debe ser anterior al traslado, por lo cual esta medida fue calificada como "arbitraria".
A su vez, la jueza manifestó que "la resolución de Gendarmería carece de forma, no tiene informe técnico y su notificación fue irregular", por lo cual considera que es un acto ilegal. Por ello, ordenó derivar a Castro a todos los reclusos que están en Puerto Montt.
Este dictamen fue estimado como "contundente y claro" por parte del defensor Claudio Herrera, quien interpuso el amparo.
El profesional expresó que los argumentos expuestos en el requerimiento fueron acogidos y demuestran que las actuaciones de Gendarmería deben ser sometidas a control. "Todos los actos administrativos de la autoridad están sujetos a un control de legalidad, que debe ser corregido o dejado sin efecto para que se restablezca el imperio del derecho", expuso el jurista.
Es más, uno de los elementos entregados por la institución uniformada para justificar su decisión fue el de mejorar las condiciones de habitabilidad de los internos, pero como resaltó el abogado, todos los reos manifestaron su absoluto descontento con el traslado y se sintieron desfavorecidos con el mismo.
Bajo este contexto, solo queda esperar el retorno de los reclusos, ya que no procede ningún recurso de apelación. Una decisión que fue vitoreada por los familiares de estas personas.
parientes
Como indicó Angélica Cárdenas, quien tiene a un hijo cumpliendo una pena en la cárcel, esta determinación "nos deja más tranquilos", pero fue clara expresar que "ningún penal es mejor que otro, lo que sí se debe considerar es la posibilidad de contención, lo que no podía suceder teniendo a todos en Puerto Montt".
Ejemplo palpable de los costos de los parientes y la necesidad de tener a los seres queridos cerca es el de Gudelia Nehue, quien también tiene un hijo cumpliendo condena. "Yo debo viajar desde Puqueldón. Ya a Castro me demoro más de una hora y media, imagínese al continente. Por eso era importante que todos retornaran", acotó.
María Ojeda tiene un hermano en el CDP de Castro y se enteró de la derivación días después. "Cuando lo fui a ver me dijeron que lo trasladaron. Nadie midió el tema de recursos y costos, por eso hay tranquilidad que la justicia haya determinado que vuelvan", dijo.
Un caso especial es el de Mercedes Moris, madre de un joven que debe estar en constante monitoreo.
"Nosotros vivíamos en Osorno y al suceder esto nos trasladamos a Castro. Yo estoy un 200 por ciento con mi hijo y si ahora me lo querían derivar a Puerto Montt, tendríamos que volver a irnos. Ello, con el hecho que está en tratamiento y acá lo ven los profesionales. Por eso, es una tranquilidad que retorne para que estemos con él", aclaró la comerciante.
En tanto, más dura fue María Cofré, quien tiene a su suegro en el penal castreño. Ella calificó como un "abuso" que no los notificaran. Una de las tantas irregularidades que la justicia confirmó, deshaciendo la determinación de Gendarmería. J