Luego de aparecer envuelta en la polémica nacional por la entrega de créditos blandos a seis diputados por la suma total de 104 millones de pesos, la representante por el distrito 58 de Chiloé y Palena se ve inmersa en otra controversia.
En efecto, la socialista Jenny Álvarez fue acusada por prácticas antisindicales por parte de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Diputados, colectivo que solicitó al secretario general de la corporación, Miguel Landeros, el que dé explicaciones por esta situación en que estarían relacionados también otros legisladores.
Los trabajadores acusan en términos generales el no pago de horas extras y, en el caso particular de la diputada chilota, el despido a una funcionaria con fuero sindical.
"Ayer (el martes) el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que dar explicaciones por los préstamos de los parlamentarios. Hoy día (ayer) al propio secretario de la Cámara lo conmino a que dé explicaciones por la vulneración constante de los derechos laborales de los funcionarios de los equipos de los parlamentarios", consignaron distintos medios de prensa santiaguinos al recoger declaraciones de Dimitri Morales, líder sindical.
La entidad gremial además expuso que choferes de los políticos ellos deben cancelar de su bolsillo las sanciones que se les cursan en eventualidades o que, en el mejor de los hechos, los congresistas solamente les pagan el 50 por ciento del monto. Ello, inclusive cuando los conductores estarían siendo instados por los propios diputados a manejar a exceso de velocidad por las carreteras. Sin decir nombre, se habla que uno de ellos fue multado por andar a 180 kilómetros a la hora.
Respuesta
Escuetamente, desde la oficina parlamentaria de Álvarez en Castro se indicó que el asunto ventilado por la prensa nacional a partir de la denuncia de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Diputados es un tema que competería en forma exclusiva a la corporación y no a la ex gobernadora, ya que el empleador directo de la trabajadora aludida sería la cámara y no la parlamentaria.
Los denunciantes expusieron que la otrora secretaria de la chilota cuenta con fuero sindical al ser la tesorera de la agrupación, por lo que no podía ser desvinculada. Morales también aseveró que la congresista fue informada sobre la exención, sin embargo se habría insistido en el despido.
También en las últimas horas se han revelado los distintos montos de dineros prestados a los congresistas sin intereses ni reajustes y hasta por 28 meses en cuotas de pago.
Para la ex concejala de Chonchi fueron 18 millones de pesos, recursos que -al decir de la misma Álvarez- correspondieron a un adelanto de su dieta parlamentaria para ir en ayuda de un familiar directo. La misma representante en el Legislativo recalcó el martes que la cuenta ya está saldada. J
