Consejero regional Pedro Soto fue formalizado por fraude al Fisco
Su defensa reconoce que se cometió un error y que ya restituyó dineros por "taxis voladores".
Mientras en Ancud la justicia obligó a la alcaldesa Soledad Moreno a estar presente en sala por una preparación de juicio en su contra, otro político de esta comuna chilota enfrentaba lo suyo en el continente.
En el Tribunal de Garantía de Puerto Montt fue formalizado el consejero regional Pedro Soto (DC) y el ex core Raúl Donoso (PS) por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del Fisco.
Ambos imputados quedaron con arraigo nacional y firma mensual en Fiscalía, en sus correspondientes comunas, fijándose un plazo de 90 días de investigación en una causa que además del Ministerio Público tiene al Consejo de Defensa del Estado como querellante y representando al Fisco.
La fiscal de la causa, Miriam Pérez, señaló que "este es un hecho ocurrido en el año 2014 y, básicamente, lo que se les imputó fue que ellos rindieron boletas y obtuvieron reembolso de servicios de taxi y arriendos de vehículos que supuestamente fueron pagados por ellos para trasladarse a los lugares donde se realizaban reuniones del CORE (Consejo Regional)".
Transbordador
Detallando, la abogada del Ministerio Público sobre este caso apodado como "taxis voladores" indicó que "los servicios no tenían nada que ver con el cometido funcionario; por ejemplo, en el caso del señor Soto, rindió algo así como 13 vales de un taxi (por 1 millón 280 mil pesos), supuestamente por traslado de Ancud a Puerto Montt, al aeropuerto, sesiones del CORE y, de acuerdo a la investigación que se hizo por la PDI y la Contraloría, esos taxis nunca cruzaron el canal de Chacao, sino que siempre el servicio se usó hasta el transbordador, pero nunca hubo traslado de esta persona hasta Puerto Montt".
Precisó la jurista del ente persecutor que ambos imputados arriesgan "sanción privativa de libertad, de 541 días a 3 años y multas", advirtiendo que se desestima la posibilidad de salidas alternativas, comentando que "por el tipo de delito nosotros no la promoveríamos, porque este delito es una suerte de estafa al Fisco (…), este es un delito funcionario, por la calidad que ellos ostentaban al momento de cometerlo y puede que las maniobras no hayan sido especialmente sofisticadas, pero son personas que en ejercicio de sus funciones trataron de obtener prestaciones indebidas del Estado y lo que se protege, más que el erario fiscal, es el correcto ejercicio de la función pública".
Ahondó que "técnicamente no estamos hablando de un delito económico, sino de un delito funcionario, de un delito de corrupción".
Defensa
En tanto, el abogado defensor particular de Soto, Rodrigo Flores, se refirió al supuesto delito cometido por el actual CORE advirtiendo que "esas rendiciones de cuentas se realizaron y existieron errores involuntarios, lo cual va a tener que ser acreditado en el tribunal, porque existe la presunción de inocencia y es un tema que se va a revisar en el fondo, en el evento que se produzca un proceso".
Añadió el jurista de Soto que el monto supuestamente defraudado habría sido reintegrado en su totalidad, advirtiendo que "por eso no se da la figura de fraude al Fisco", sumando que "este es un error del consejero regional, que lo asume como tal y en caso alguno ha existido dolo de su parte".
De cómo probará el error que alega Soto, Flores recalcó que "eso es parte de la investigación y los antecedentes que vamos a acompañar en el transcurso de los 90 días".
Recuadro
Soto señaló telefónicamente a este medio que "nosotros estamos disponibles para lo que estime necesario la justicia".
A la salida de la audiencia, declaró a El Llanquihue, que "mi credibilidad ante la opinión pública, y se lo puedo decir mirándolo a los ojos, no está dañada, la gente entiende el trabajo que he venido desarrollando durante estos dos últimos años".
$1,2 millón es el dinero del que se acusa por el caso al ex presidente del CORE Los Lagos.