Acusan violaciones a los derechos humanos
Tres ex carabineros de la Comisaría de Castro son investigados por delitos de lesa humanidad cometidos entre los años 1973 y 1974.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó una acusación contra tres ex funcionarios de la Comisaría de Carabineros de Castro, a quienes se les investiga por aplicación de tormentos a detenidos.
La acción fue realizada por el ministro en visita extraordinario para causas por violaciones a los derechos humanos de tal tribunal, Leopoldo Vera, quien investiga nueve causas por estos delitos ocurridos el primer año de la dictadura militar en la unidad policial.
Los ex funcionarios son José Lucedino Aude Añazco, Carlos Ulises Cifuentes Hernández y Diógenes Ulloa Bahamondes, a quienes el abogado elevó la causa al estado de plenario, acusándolos de coautores de delitos de aplicación de tormentos a las víctimas Mario Enrique Contreras Vega, César Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado y Werne Víctor Haro Oyarzún.
El ministro en visita señaló en su escrito que "investidos de la calidad de funcionarios públicos, procedieron a detener sin formalidad alguna a las personas antes nombradas y posteriormente a infligirles intencionadamente apremios físicos y mentales, causándoles dolores y sufrimientos graves, hechos que dan cuenta de delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles e inamnistiables".
época
Los hechos datan del período que va entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de septiembre de 1974, en que funcionarios de la comisaría castreña conformaban la denominada "Comisión Civil" que correspondía al Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros).
Aprovechando las condiciones políticas de la época, por el estado de excepción posterior al golpe militar, el grupo de carabineros habría procedido a la detención ilegal de varias personas, tanto de la ciudad de Castro como de la ruralidad de esa comuna.
El escritor castreño Mario Contreras, uno de los detenidos, advirtió que "yo fui preso político, pero en mi caso sólo recibí malos tratos verbales. Hay compañeros nuestros que estuvieron detenidos y que efectivamente les aplicaron torturas más fuertes, más graves, pero en lo personal no".
Los tormentos incluían golpes, sumersiones en tambores de agua y contenedores con excremento, simulación de fusilamiento y aplicación de electricidad en las sienes y genitales hacia militantes políticos de la Unidad Popular y actores sociales.