Pedro Bárcena González

Están seguros en que se incurrió en una negligencia. Y buscan justicia. Es más, aguardan por reparación y ejemplo para evitar que experiencias similares que suelen ocurrir en todo el país no se repitan, menos en Chiloé y así evitar especialmente estas consecuencias fatales.

La muerte de Juan Manuel Sánchez Chodil (35) ocurrida el 16 de febrero pasado a escasos metros del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Quillahue, emplazado en la población Salvador Allende de Castro, dejó una profunda llaga. Un peso no solo para la familia afectada, sino que un tremendo lastre para la salud pública.

Los cercanos al operario pesquero alegan que desde el recinto sanitario no quisieron atenderlo por estar fuera del mismo, tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Por ello, iniciaron acciones legales particulares que se vienen a sumar a la investigación de la Fiscalía Local.

En el Juzgado de Garantía castreño se interpuso una querella contra quienes resulten responsables del deceso del joven. Por cuasidelito de homicidio se presentó el recurso, patrocinado por el abogado Julio Álvarez, quien especificó que también se invocaron otros tipos penales que agravarían el ilícito principal.

"A nuestro parecer también se configura una norma especial del artículo 491 del Código Penal, sobre la negligencia de médicos -y otros profesionales en el desempeño de su labor-, y otra prevista por el mismo capítulo de este marco legal relativa a las faltas, donde entendemos que existe una infracción a la omisión de auxilio", detalló el jurista.

Obligación

Como recalcó la fuente existe una obligación de prestar asistencia a una persona con un problema inminente, pero esa acción sería particularmente exigible para un profesional de la salud. "Esto se ve en el caso de un médico, más cuando es funcionario de un organismo público, como ocurrió en esta ocasión", apuntó.

Aunque no se individualiza a una persona específica, los cargos principales recaerían contra una paramédico y el médico de turno que estuvieron trabajando en el cesfam durante esa fatídica jornada de martes.

Uno de los principales objetivos de este requerimiento es potenciar la acción persecutora y sumar evidencia en la causa. Por ello, como expresó Álvarez, en el mismo texto presentado en el tribunal se solicitan diligencias.

"Lo primero que buscamos es citar a declarar a todos quienes participaron en los hechos. Fundamental es el testimonio de una comerciante que vive frente al sitio del suceso, quien vio cuando cayó la víctima. Ella fue corriendo al consultorio a pedir ayuda y demoró un minuto. Ella es la testigo principal", aclaró el abogado.

Asimismo, se requirió despachar una orden de indagar a la Policía de Investigaciones y conocer el desarrollo y conclusiones de los sumarios administrativos que se están llevando a cabo por este caso.

Parientes

Hasta el juzgado del sector alto castreño llegó cerca de una decena de parientes y amigos de la víctima, quienes coinciden en la necesidad de hacer justicia.

Como indicó Jacqueline Escobar, pareja del operario pesquero y madre de sus dos hijos, el joven "falleció por la atención que le negaron al sufrir un infarto. Al caer fueron a pedir la ayuda y la negaron, el médico de turno no dejó salir a nadie".

La vecina recalcó que "esperamos que se haga justicia y no le pase a otras personas. A lo mejor era el momento de irse para Juan, pero ellos -los profesionales de la salud- debieran haber hecho todo lo posible para salvarlo, se quedaron sentados tomando café, eso es lo que hacen, estaban a metros, a un minuto del lugar en que cayó".

Por su parte, Rosa Chodil, madre del occiso, enfatizó que "el niño de 10 años pregunta todos los días por su padre, quien murió ya que no quisieron atenderlo".

"Prácticamente dejaron morir a mi hermano a metros del consultorio sin hacer nada".

Carola Sánchez,, hermana de la víctima